En defensa del empleo juvenil digno: ¡retirada del acuerdo de pensiones!
El Gobierno pretende aprobar el acuerdo sobre las pensiones cuyo contenido regresivo se explica en este mismo número. Los intereses de la juventud de la clase trabajadora no son distintos de los del conjunto de la clase, pero se concretan especialmente en aspectos como el acceso al empleo digno. En relación con esto, ¿qué significa el mencionado acuerdo?
Para comenzar por el principio, debemos señalar que la situación de la juventud es dantesca. Según datos oficiales, el desempleo supera el 40% y el salario ha caído un 5% en los últimos diez años, pasando en promedio de unos ya exiguos 1.025 euros mensuales a 973. El 32% de las personas jóvenes se encuentran bajo el umbral de la pobreza. Así, a la mayoría le está vedada la aspiración más elemental para cualquier persona: construirse una vida independiente al llegar a la adultez. No es extraño que la edad promedio de emancipación del hogar familiar sea de 32 años (frente al promedio europeo de 26) y que solamente lo estén el 17,3% de quienes tienen hasta 29 años, considerando que en promedio deberían pagar el 92,9% de su salario para alquilar una vivienda; considerando que contraer una hipoteca es tan inverosímil que únicamente el 8,17% de menores de 35 años tiene una.
Hacen falta políticas de choque
Resulta evidente la necesidad de políticas de choque, con formas como la prohibición de que el capital privado se lucre con el drama del desempleo, prohibiendo inmediatamente las empresas de trabajo temporal, para reservar en exclusiva a un servicio público la gestión centralizada de demanda y oferta de empleo. También deberían ponerse medios para asegurar una formación científica asequible para quien lo desee, lo que ha sido atacado en los últimos diez años, con las subidas de tasas universitarias, los recortes en becas, etc. Asimismo es imperativo eliminar las figuras contractuales que no solo suponen una gran precariedad, sino que sirven para subvencionar a los capitalistas que las utilizan (por ejemplo, según CCOO, en 2017 solo el 33% de los contratos en prácticas y el 7% de los formativos se acabaron transformando en indefinidos).
A todo esto se añade un elemento muy pernicioso, que dificulta el necesario relevo generacional. El malhadado Pacto de Toledo, desde su creación en 1995, se ha conformado como un ariete al servicio del capital financiero, contra el sistema público de pensiones. En sus quince recomendaciones de entonces se incluyó facilitar la prolongación “voluntaria” de la edad de jubilación (voluntaria al estilo del “aquí le traigo los voluntarios, capitán, ¿se los desató?”). Esto no solo prepara el terreno para cuestionar la jubilación digna a quienes llevan toda una vida laboral, incluso con más de 40 años cotizados. También afecta a la juventud, dificultando su ocupación.
El acuerdo de pensiones, también contra los jóvenes
El acuerdo promovido por el gobierno autocalificado de progresista, firmado por las direcciones sindicales que dicen defender los intereses de la clase trabajadora, ¿qué pretende establecer al respecto? Por una parte, mantiene la penalización a la jubilación anticipada voluntaria que, como tal, es deseable no solo para quien desea acceder a ella legítimamente, sino también para la población joven que aspira a un empleo digno. La mantiene e incluso sutilmente la agrava, penalizando más a quien quiere adelantar la jubilación dos años completos.
Por otra parte, incluye una novedad muy reaccionaria: bonificar a quienes prolonguen su vida laboral más allá de la edad de jubilación establecida con carácter general. En concreto, se otorgará un 4% adicional de pensión por cada año de retraso de la jubilación (para quienes tengan menos de 37 años cotizados podría llegar al 6%, por el “coeficiente de escala”). Incluso se podría cobrar ese monto en un pago único anual y se exime la cotización por contingencias comunes.
¿Qué significa esta medida? Que la Seguridad Social dedica fondos a promover que trabajen más quienes tengan una pensión baja (su carácter supuestamente voluntario no es tal). En lugar de impulsar una mejora sustantiva de las pensiones y el adelanto no penalizado de la jubilación, este gobierno hace de correa de transmisión de los intereses del capital. De aprobarse el contenido de este acuerdo, esta medida, conjuntamente con la penalización de la prejubilación, haría atrasar la edad real de jubilación, afectando no solo a quienes deberían trabajar más tiempo para acceder a una pensión mejor, sino también a la juventud en su legítima aspiración a un empleo digno.
Hasta el momento, las movilizaciones en defensa del sistema público de pensiones han estado protagonizadas sobre todo por pensionistas. Paradójico, porque los ataques al sistema afectan al conjunto de la clase trabajadora, sin duda, pero se ceban en particular en ciertos segmentos etarios, como el de las personas nacidas en la explosión de natalidad (“baby boom”) de entre finales de los cincuenta y principios de los setenta, a las que el ministro Escrivá amenazó con una rebaja de sus pensiones. Y especialmente para la juventud a la que se niega toda perspectiva de una pensión digna, cuando ve transcurrir los años sin apenas cotizar. Antes, en la mayoría de los casos un año de vida era un año de empleo y un año de cotización; hoy un año de vida no llega casi nunca ni a seis meses de empleo y estos difícilmente alcanzan tres meses de cotización, en cuyo caso se necesitarían cuatro años para cotizar uno y, por tanto, más de un siglo para acceder a una pensión. La pretensión del Gobierno agrava todo, de modo que se debe exigir la retirada del acuerdo incondicionalmente.
La juventud de la clase trabajadora tiene derecho a un futuro digno, que solo será posible organizándose para llevar la movilización hasta el final y también en la defensa del sistema público de pensiones. Codo a codo con los pensionistas y el conjunto de la clase trabajadora, gritando bien fuerte que gobierne quien gobierne las pensiones se defienden. La juventud debe adherirse a la campaña por la auditoría que establezca el monto de fondos desviados para restituirlos. Debe nutrir la manifestación al Congreso de los Diputados que, en esta perspectiva, convoca la COESPE el próximo 16 de octubre.
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