¿Argentina, quo vadis?
Perspectivas ante la declaración de guerra del capital a través de Milei1
¿Qué significa lo que está ocurriendo en Argentina? ¿Por qué sucede, qué ha acontecido para llegar hasta aquí? ¿Qué escenarios futuros pueden vislumbrarse para el medio e incluso corto plazo?
1. Una declaración de guerra contra la clase trabajadora
El pasado 10 de diciembre Milei asumió como presidente de la República Argentina. Tan sólo 48 horas después, su ministro de economía, Caputo, anunció diez medidas “de emergencia”, parte de las 366 medidas del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU)2, de las que el propio Milei anunció 30 el 18, apenas ocho días más tarde. Incluyendo la subida del cambio del dólar oficial a 800 pesos, lo que significa una devaluación del 118%. Quienes perpetran el paquete lo bautizan como Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina3. Un sarcasmo carente de toda gracia dado que con él se busca, en realidad, una gran destrucción de la economía argentina entendida como medio de vida de la población. El DNU fue publicado en el Boletín Oficial el día 21 y entra en vigor en ocho días, esto es, el 294. Antes, el día 27, se anuncia la Ley Ómnibus a la que nos referimos enseguida.
Los aspectos procedimentales, que apuntan a un golpe larvado, con intenciones bonapartistas al pretender saltarse el legislativo, están ligados al contenido de las medidas. Éstas constituyen, fundamentalmente, una declaración de guerra contra la clase trabajadora, sin perjuicio de que también afecten negativamente a ciertos sectores del capital, particularmente nacional, como lo hace la liquidación de medidas proteccionistas que le preservaban segmentos del mercado nacional.
No son sólo los más de 7.000 despidos de empleados públicos y la brutal precarización vital que se prepara con el desplome de los salarios reales5. Se trata de una auténtica declaración de guerra, como se expresa en el ataque frontal al derecho de huelga. Para ello, se definen actividades “esenciales” en las que se imponen unos servicios “mínimos” del 75%, que incluyen, entre otras muchas, las telecomunicaciones, los servicios aduaneros y hasta la educación secundaria. Y se definen también actividades “de importancia trascendental”, con servicios mínimos obligatorios del 50%, incluidos el transporte, la producción y distribución de materiales de construcción, la reparación de aeronaves y buques, correos, servicios bancarios, hoteleros y gastronómicos. Se limita asimismo el derecho a realizar asambleas en los centros de trabajo, considerándolas medidas de fuerza, y se prohíben los piquetes a cuyos integrantes se les podría despedir legalmente.
Hay otras medidas, también muy agresivas contra la clase trabajadora, como aumentar el periodo de prueba de 3 a 8 meses, sacar de la base de cálculo de las indemnizaciones por despido los complementos salariales como los bonos anuales, eliminar la doble indemnización en relaciones laborales no registradas o deficientemente y reducir las multas laborales por trabajo no registrado o mal registrado.
Y también medidas que atentan contra la cultura y contra la ciencia. Con la Ley Ómnibus se liquidan, entre otras, dos grandes instituciones culturales como son el Instituto Nacional del Teatro (artículo 587) y Fondo Nacional de las Artes (artículo 589). En el terreno de la ciencia, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), expresamente amenazado por Milei previamente, apenas tiene presupuesto hasta el mes de junio.
Este paquete, al presentarse como decreto, podrá ser tratado por el Congreso de la Nación, donde debe ser validado inicialmente por una Comisión Bicameral y luego aprobado por mayoría por una de las dos cámaras (la de diputados o la de senadores). Pero debido a las sesiones extraordinarias convocadas por el propio gobierno, el paquete no podrá votarse en las cámaras hasta el 1 de marzo, asegurando por tanto al menos dos meses de vigencia, salvo que el Poder Judicial lo declarara total o parcialmente inválido (véase la nota 2).
Nueve días después, el 27, el gobierno presentó al congreso otro paquete, la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los argentinos, conocida como Ley Ómnibus porque agrupa decenas de proyectos con 664 artículos. Incluye medidas tan graves como la privatización de unas 40 empresas públicas (incluidas YPF, Aerolíneas Argentinas, Banco Nación, Casa de Moneda, Correos, la agencia de noticias Télam, empresa de agua AYSA y Ferrocarriles Argentinos); la modificación regresiva de la composición de la Cámara de Diputados; la eliminación de penas a quienes utilicen armas “en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo” (hasta ahora sólo se autoriza su uso a las fuerzas de seguridad “cuando su vida o la vida de otras personas estén en riesgo”); la impunidad al blanqueo de hasta 100 000 dólares en activos y que el presidente decrete el aumento de las jubilaciones. Incluso el artículo 654 aprueba escuetamente el DNU (el texto completo del artículo reza “Ratificase el Decreto de Necesidad y Urgencia n.º 70/23”). Corona todo esto la represión del ejercicio de los derechos democráticos de expresión, reunión y asociación, así como el de huelga, como ha sido consignado. Además, ataca frontalmente la separación de poderes, con una suerte de modificación constitucional encubierta en su artículo 3:
Es decir, se refrenda el carácter bonapartista de las intenciones del grupo de poder nucleado en torno a Milei, que pretende sortear el contrapeso que se supone deben ser las cámaras del congreso (la de diputados y la del senado). Aunque formalmente debe ser aprobada por las dos cámaras para que entre en vigor.
Ahora bien, el gobierno, ¿podrá efectivamente imponer todo este paquete brutal? Desde luego, no es una cuestión meramente legal, sino que tiene que ver con la relación de fuerzas en el plano político, con la lucha de clases. Para abordar esta pregunta debe considerarse antes de nada por qué triunfó electoralmente Milei y qué significa su victoria. A partir de ello, podrán identificarse los posibles escenarios futuros que, obviamente, dependen de lo que ocurra con el determinante último de todo proceso social, que es la lucha de clases.
2. Causas y significado del triunfo electoral de Milei
Distintos sectores de la clase trabajadora incurren en dos confusiones graves respecto a los procesos electorales en las sociedades burguesas. Por una parte, la ilusión de que las elecciones constituyen “la democracia”, como si ellas permitieran al conjunto de la población decidir libremente la organización de la sociedad y, en particular, el proceso económico de producción, distribución y consumo de los medios de vida de la propia sociedad, que determina las condiciones de vida de cada clase social. Algo verdaderamente ilusorio en una sociedad presidida por la propiedad privada de los grandes medios de producción, a partir de la cual se constituyen las dos clases sociales principales, capitalista y trabajadora, y el conflicto que las enfrenta. Una sociedad en la que, por ejemplo, no se decide democráticamente la cuestión elemental de quién trabaja y quién no, sino que esto es decidido fundamentalmente por la pequeñísima parte de la población propietaria de esos medios de producción.
Por otra parte, hay confusión asimismo en el menosprecio de las elecciones, como si no fueran, también, un momento de la lucha de clases, aunque la expectativa que se pueda depositar en ellas es siempre limitada, salvo eventualmente como una palanca más en una orientación conducente a la ruptura revolucionaria que es la única vía de resolución de los problemas. Dicho más claramente: el motor de la historia no puede ser otro que los sujetos sociales -las clases-, actuando de acuerdo con sus intereses en función de su nivel y tipo de organización. Actuando, por tanto, de una forma inevitablemente conflictiva. Es decir, el motor de la historia es la lucha de clases6. Por tanto, importan y mucho las condiciones en las que se desarrolla la lucha de clases. Y por eso importa asimismo el gobierno burgués que, en cada caso, resulta de unas elecciones.
Es decir, no se trata de depositar ilusiones en que uno u otro gobierno pueda resolver los problemas, sino de cómo la política de uno u otro gobierno afecta a dicho desarrollo de la lucha de la clase trabajadora. En particular en relación con la ampliación o la liquidación de determinados derechos democráticos, como el de asociación, reunión, huelga, expresión incluida la de manifestación, etc.
Resultado de factores principalmente económicos y políticos en Argentina se llegó a unas elecciones presidenciales en las cuales se dilucidaba -específicamente en su segunda vuelta- lo que puede verse como un dilema entre dos males, uno menor y otro mayor. Un triunfo del candidato peronista no habría supuesto ninguna mejora para la lucha de la clase trabajadora argentina, que seguiría confrontada a las políticas que emanan de la subordinación de los gobiernos peronistas a las exigencias del capital financiero estadounidense, a través del FMI. Pero el triunfo de Milei, efectivamente sucedido, suponía una abierta declaración de guerra, más frontal, a las conquistas obreras y democráticas, como consignamos en seguida.
¿Qué representa Milei? En las filas de las clases dominantes argentinas, subordinadas al imperialismo estadounidense, hay también ciertas pugnas, cuyo contenido tiene que ver con su participación en el reparto de la plusvalía -el trabajo no pagado a la clase trabajadora- y asimismo con su gestión, donde aparecen también aspectos personalistas. Pero la orientación general de los contendientes en esas pugnas es compartida, lo que se revela en la facilidad con la que la “derecha tradicional” se puso al lado de la candidatura de Milei en la segunda vuelta presidencial. Porque la irrupción de Milei en la vida pública no es espontánea, sino que se impulsa mediáticamente como posible relevo ultrarreaccionario, necesario ante el desprestigio de los dirigentes tradicionales. Por eso su paso a la segunda vuelta, a disputar frente al candidato peronista, le constituye inmediatamente como candidato de la extrema derecha que en otro momento ha representado Macri7.
Las candidaturas autopresentadas como de izquierda, pero fieles a las exigencias del capital, no son bien vistas por el capital, aunque con ellas pueda hacer buenos negocios, en tanto sabe que tras ellas, más o menos contradictoriamente, está la clase trabajadora organizada. Por eso el capital tiene preferencias electorales por la derecha y las expresa. En particular, promoviendo nuevas candidaturas que puedan captar el voto que se escape a las tradicionales. Éste ha sido el caso por ejemplo en España de Ciudadanos primero y de Vox después. Especialmente en un contexto como el actual, en el que las exigencias de la rentabilidad se expresan en un ataque mayor a las condiciones de vida de la mayoría, causa de una explosividad social en ascenso. Lo que exige a su vez una regresión en los derechos democráticos, para cuya aplicación la ultraderecha se ofrece gustosa (la autoproclamada izquierda simplemente lo asume, como en el caso del mantenimiento de la liberticida Ley Mordaza en el caso español, tras cuatro años de gobierno integrado por el Partido Socialista y el Partido Comunista en coalición con otras organizaciones de la “nueva política”).
¿Cuál es la causa entonces del triunfo de Milei? Por un lado, la maquinaria mediática del capital no lo desatiende como opción en la primera vuelta y, en la segunda, directamente se vuelca en él, ante la desconfianza de que el candidato peronista pueda efectivamente imponer el plan que el capital necesita. A pesar del compromiso inequívoco del peronismo -y especialmente de su candidato, Massa- con el capital financiero dominante a través en particular del FMI. Pero, por otro lado, una parte considerable de la población trabajadora atiende a dicha maquinaria u opta por no votar, ante la fundamentada desconfianza en el candidato peronista. Ésta es la explicación más inmediata.
Sin embargo, las causas de fondo tienen que ver con algo más profundo. En Argentina, como en la mayoría de los países, no hay una auténtica representación política de la clase trabajadora que sea fiel a sus intereses, con una orientación no sectaria, sino de agrupamiento amplio para luchar incondicionalmente por las legítimas reivindicaciones de la mayoría. Ni el peronismo ni otras organizaciones ocupan efectivamente esa posición, sea por sus compromisos con las instituciones burguesas en el primer caso, sea, en el segundo, por sus posiciones ultraizquierdistas, más situadas en la denuncia que en el terreno de la construcción del frente único inquebrantablemente situado en favor de dichas reivindicaciones.
La conclusión es que las condiciones en las que se desarrolla la lucha de la clase trabajadora hoy son más adversas que hace un mes. De hecho, la primera lucha ahora, en un contexto social tan grave como el ya instalado en el país previamente, es simplemente parar la aplicación efectiva de los planes del capital vehiculizados a través de Milei. Aunque también es cierto que la lucha contra dichos planes puede ser también palanca para ir más lejos, incluso mucho más. Pero, por el momento, la clase trabajadora sufre mientras el capital se frota las manos… aunque ni tanto, porque sus planes, tan ambiciosos, pueden espolear una auténtica explosión social.
En la Bolsa de Comercio de Buenos Aires el 21 de noviembre, primer día laborable tras la segunda vuelta electoral, el índice S&P Merval subió un 22,8%. Desde entonces y hasta el último día de 2023 el aumento alcanzaba un 43,9% (pero en el conjunto del año, bajo el gobierno peronista de Fernández, con Massa como ministro de economía, aumentó un 348,9%). Por otra parte, la inflación sólo en el mes de diciembre cerró en torno al 30% (más del 35% en alimentos), con la consiguiente merma del salario real. Lo que sólo sería el inicio de la gravísima devastación social que supondría la aplicación efectiva de los planes de Milei al servicio del capital.
Estos planes, que constituyen una auténtica declaración de guerra a la clase trabajadora, a la mayoría de la población, ¿podrán aplicarse? En función de su aplicación o no o parcial, ¿qué posibles escenarios se abren? ¿De qué depende cuál se verifique finalmente?
3. ¿Logrará el capital imponer su plan máximo de ajuste? ¿Qué puede hacer la clase trabajadora? Posibles escenarios futuros
No tiene nada de retórico afirmar que todo depende de la lucha de clases. Es una constatación obvia que las condiciones de vida de cada persona dependen sobre todo de cuál es su medio de vida, cuestión en torno a la cual se conforman las clases sociales, cuyos intereses son no ya distintos sino inevitablemente opuestos.
En Argentina, la clase dominante y específicamente su fracción dominante (ligada a las finanzas, la agroindustria, el comercio internacional, los hidrocarburos, la minería, etc.) ha visto una oportunidad en la situación actual, presidida por la confluencia de dos hechos interrelacionados: de un lado, una enorme devastación social, que se expresa en hechos como que padezca pobreza el 40,1% de la población según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, con datos correspondientes al primer semestre de 2023 (la devaluación de agosto de Massa, del 21,8% y la referida megadevaluación de diciembre de Milei del 118% han agravado la situación)8. De otro, una gran desafección hacia los partidos que dicen reclamarse de la clase trabajadora y los sectores populares, como se expresó en las elecciones: el candidato peronista obtuvo el voto del 27,4% del censo en primera vuelta (32,5% con los votos del otro candidato peronista, Sciaretti), frente al 37,8% de cuatro años antes (ahora ni siquiera ha alcanzado aquel porcentaje en la segunda vuelta, ya que quedó en el 32,3%, a más de 5 puntos por tanto). La oportunidad que ve el capital es la de proveerse del tipo de gobierno con el que pueda intentar aplicar su plan máximo.
¿Puede hacerlo respetando el marco institucional vigente de derechos democráticos, aunque éstos sean limitados? Resulta muy difícil imaginar tal escenario habida cuenta del desplome de las condiciones de vida de la mayoría y la consiguiente explosividad social.
Porque la clase trabajadora resiste, aunque sólo sea “a la defensiva”. De hecho, no ha dejado de intentar resistir, como se expresa en las innumerables movilizaciones de los últimos años. Valga como ilustración que, de acuerdo con los datos de la consultora Diagnóstico Político, 2022 y 2023 han sido los dos años con más cortes de calle desde 20099. Aunque las movilizaciones hayan sido, en general, muy atomizadas.
Para ordenar la cuestión: el asunto radica en qué pretende el capital y qué pretende la clase trabajadora.
El capital busca el escenario más propicio para que el proceso de acumulación, que le aporta la base material de sus privilegios, se realice con fluidez. Para ello, las conquistas de la clase trabajadora son un obstáculo y, como decíamos, ahora ha visto la posibilidad de atacarlas frontalmente (lo que por otra es una necesidad cada vez más acuciante para él, en Argentina como en el resto del mundo, por las contradicciones crecientes a las que se enfrenta debido a la estrechez del mercado mundial que la propia acumulación capitalista provoca, ligada a su vez a la ley del descenso tendencial de la tasa de ganancia). Dicho sea de paso, cualquier política que, hipotéticamente, pudiera relanzar el proceso de acumulación sería necesariamente frágil y muy limitada en el tiempo, debido a dichas contradicciones crecientes del capitalismo a escala mundial10.
Para lograrlo está dispuesto a todo, aprovechando la oportunidad que han visto/creado. Como se revela en la Ley Ómnibus que abre incluso la posibilidad de sortear el legislativo. En el caso argentino hay en particular dos antecedentes de lo que se puede caracterizar como declaración de guerra contra la clase trabajadora. Sobre todo la dictadura (1976-83), en la que la guerra se desplegó, por parte del capital, mediante la suspensión de todas las garantías legales, literalmente por la fuerza. El otro periodo de ataque frontal a la clase trabajadora fue bajo la presidencia de Menem (1989-99), gracias a asumir después de una situación de hiperinflación -controlada dos años después con la política de convertibilidad que permitieron los fondos de las privatizaciones- y, claro, su condición de peronista, que hizo posible la cooptación de parte importante de la clase trabajadora organizada.
¿Por cuál puede optar Milei? En primera instancia pareciera que, en la línea de Menem, forzar una crisis inflacionaria que sirviera de telón de fondo para liquidar conquistas obreras y democráticas sustantivas, imponiendo después alguna suerte de convertibilidad, con las divisas que, supuestamente, llegarían con la privatización de las 40 empresas consignadas en la Ley Ómnibus. Este esquema presenta sin embargo dificultades de dos tipos: económicas y políticas que, además, se retroalimentan. Económicas por el cuento de la lechera en el que se basan, dado que literalmente no hay ni podrá haber los fondos que se necesitarían, estimados en más de 40 000 millones de dólares. Políticas respecto a cómo contener la explosividad que se va a disparar.
¿Existe la opción, específicamente si ese esquema falla, de subvertir el orden institucional? Aparentemente parecería que no hay las condiciones para ello. Pero lo que nos enseña la historia es que el capital, para preservar sus privilegios no se detiene ante nada. Y existen lazos entre los sectores más duros de las fuerzas armadas y sectores del gobierno de Milei: “Por su magnitud y en cierto sentido también por su profundidad, la reforma laboral que se efectúa a través de este decreto es solo comparable con la que hizo la dictadura militar en 1976”11.
¿Y qué pretende la clase trabajadora? Como se ha consignado, la situación actual plantea una prioridad: impedir la aplicación de los planes de Milei, concretados en la Ley Ómnibus, que incluye el DNU. Esto es perfectamente posible, como se revela en la respuesta del 20 de diciembre, justo en el 22 aniversario de la fuga en helicóptero del expresidente De la Rúa en 2001 ante la explosión social. Primero fue la marcha de unas 30 000 personas por la tarde, convocada por distintas organizaciones. Y después, por la noche, tras la alocución de Milei, la concentración de cientos de miles en las principales plazas del país, de forma relativamente espontánea, al igual que el masivo cacerolazo de rechazo.
Las expresiones de este rechazo se extienden por doquier, incluso entre dirigentes sindicales cuya orientación ha sido de acompañamiento a anteriores medidas de ajuste. El sindicato CGT, oficialista durante el periodo previo, ha convocado una jornada de huelga general para el próximo 24 de enero (la primera que convoca desde la del 29 de mayo de 2019, en la recta final de la presidencia de Macri). A esta convocatoria se han sumado la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, además de otras organizaciones. El sindicato ATE anticipa una “jornada nacional de lucha” para el 15 de enero.
4. Y más allá del corto plazo, ¿qué?
Efectivamente, se puede impedir la puesta en marcha del plan que Milei quiere imponer al servicio del capital. Ojalá sea así, para evitar mayores padecimientos a quienes ya sufren graves privaciones para una vida digna. ¿Y después? Se pueden identificar dos escenarios extremos: el de la imposición por la fuerza del programa máximo del capital y el único que realmente puede satisfacer las necesidades de la mayoría de la población, la que vive o intenta vivir de su trabajo, que en última instancia exige la expropiación de los grandes medios de producción (fábricas, tierras, transporte, telecomunicaciones, finanzas, etc.).
Ninguno de ellos se dará en el corto plazo. Pero hay un proceso en curso -no sólo en Argentina, sino también en muchos otros países- de involución política, consistente en que los derechos sociales son más y más cuestionados, incluidas las libertades y garantías democráticas. Es la otra cara de las exigencias de la rentabilidad, que provocan una explosividad social para cuya contención se impone dicha involución, ese retroceso democrático.
¿Hasta dónde podría llegar? Esto plantea un debate clásico, que es el de la compatibilidad entre capitalismo y no ya democracia con mayúsculas, sino con una serie de derechos democráticos, como el de reunión, asociación, manifestación, etc., cuya negación caracteriza a un régimen como dictadura. Y la cuestión hoy no es que el capitalismo sea incompatible con una democracia plena, sino que sus exigencias chocan cada vez más con la preservación de dichos derechos. A sabiendas de que en todo contexto en el que se vean amenazados los privilegios de la clase capitalista, asociados a su condición de propietaria de los grandes medios de producción, ella recurrirá a todo, literalmente a todo, como lo hizo en el propio caso argentino entre 1976 y 1983.
Por tanto, más allá del corto plazo, en Argentina, como en todo el mundo, la lucha por las aspiraciones incluso más elementales de la clase trabajadora (alimentación, vivienda…) va a chocar inevitablemente con las exigencias del capital. Esto es, no hay conciliación posible, porque no hay ni puede haber intereses comunes entre capitalistas y trabajadores. Y cada vez más marcadamente, dado que el carácter contradictorio y crecientemente contradictorio del capitalismo ha llevado la situación a un punto en el que las exigencias de la rentabilidad no son ya compatibles ni con la preservación de las condiciones de vida alcanzadas por la clase trabajadora (lo que explica las políticas de ajuste permanente). Cualquier apelación a la conciliación es por tanto reaccionaria, por ilusoria, ya que si nunca hay intereses comunes entre clases opuestas, menos aún en esta situación histórica. Los que se presentan como tales, como intereses nacionales o del conjunto de la población, no son más que los de preservar el orden capitalista, es decir, los intereses de la clase capitalista.
¿Qué hacer entonces? Primero, impedir la aplicación del plan de Milei, como se ha enfatizado. Y, a partir de eso levantar el programa de reivindicaciones básicas en torno al cual pueda tejerse el proceso organizativo que avance en la conformación de la representación política fiel a los intereses de la mayoría de la población, que es la clase trabajadora. Incondicionalmente fiel y por tanto independiente de todo compromiso con todas y cada una de las instituciones del capital, lo que en primer lugar significa independiente del Estado y todas sus dependencias. Si se quiere decir así, sin ninguna veleidad derechista. Pero también carente de veleidad ultraizquierdista alguna, esto es, sin sectarismos, maximalismos o ultimatismos.
¿Cuál es la conclusión principal de todo lo expuesto? El capital en Argentina ha logrado lo que necesita en todo el mundo: establecer unas condiciones institucionales muy favorables para intentar imponer sus planes máximos que, por tanto, constituyen una auténtica declaración de guerra contra la mayoría de la población, la clase explotada que vive de su trabajo, del que también vive ella, la clase explotadora. Esas condiciones son resultado de una serie de elementos económicos y políticos que fundamentalmente tienen que ver, por el lado económico, con la devastación que provoca la inflación y la precariedad laboral en las condiciones de vida de amplios sectores de la población; y, por el lado político, con la ausencia de una representación política de masas y no sectaria fiel a los intereses de los trabajadores. En el muy corto plazo la primera tarea que enfrenta la clase trabajadora es, sin duda, impedir el armamento pesado a que recurre la clase capitalista, integrado por el DNU y la Ley Ómnibus, lo que incluye la defensa de los derechos democráticos conquistados en los últimos 40 años, desde 1983. En función del desarrollo de la lucha de clases, motor de la historia, se irá decantando enseguida la situación, para la que la construcción de la convocatoria de huelga general el próximo día 24 debe ser muy determinante.
Pero, más allá del corto plazo, las espadas están en todo lo alto. Porque las clases actúan constituidas políticamente. La clase capitalista tiene su Estado que incluye sus cuerpos represivos, sus medios de comunicación, sus asociaciones patronales, etc. La clase trabajadora, que ha logrado incrustar conquistas democráticas en el Estado burgués, debe tener sus sindicatos, sus asociaciones estudiantiles, vecinales, etc. y coronándolas la representación política fiel a sus necesidades que hemos señalado.
El viejo dilema que acuñara Kautsky en sus tiempos marxistas se revela de la máxima actualidad: o barbarie o socialismo. Milei representa hoy la punta de lanza del capital que apunta, inevitablemente, hacia la barbarie. La lucha contra ella, más allá del corto plazo, señala, asimismo de forma inevitable, a la perspectiva del socialismo. Para ello lo que toca en este momento es la más amplia unidad de todos los sectores sociales que viven de su trabajo bajo una sola condición: la defensa hasta el final de sus legítimas aspiraciones, concretadas en la reivindicación de empleo y salario dignos, vivienda, alimentación, transporte, vestido, enseñanza, sanidad, cultura. Y la consecuente organización que haga dicha defensa no sólo posible, sino también exitosa.
- 8 de enero de 2024. ↩︎
- Texto completo en www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-70-2023-395521/texto. ↩︎
- El título hace alusión al texto Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, del tucumano Juan Bautista Alberdi, escrito en 1873 en el exilio parisino. Se considera una de las principales fuentes de la Constitución de 1853 y hasta hoy. Disponible en https://bcn.gob.ar/uploads/BasesAlberdi.pdf. Con esta alusión el gobierno se pretende arrogar una legitimidad constitucional, para unas medidas que precisamente la contravienen. ↩︎
- Ante una denuncia del sindicato CGT, el 3 de enero la Sala Feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dicta “una medida cautelar suspendiendo la aplicabilidad de lo dispuesto en el Titulo IV TRABAJO del Decreto de Necesidad y Urgencia n.° 70/23 hasta tanto recaiga sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo ventilada en estos actuados”. Alega que no hay razones de urgencia “para eludir la debida intervención del Poder Legislativo en lo que hace a la legislación de fondo”, para lo que cita, destacándolo en negrita: “El texto de la Constitución Nacional no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto” (www.diariojudicial.com/uploads/0000054506-original.pdf). ↩︎
- “Siete mil trabajadores del Estado se quedan en la calle”, en www.pagina12.com.ar/698783-siete-mil-trabajadores-del- estado-se-quedan-en-la-calle. En virtud del decreto 84/2023 (www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-84- 2023-395622): “(…) las contrataciones del personal para la prestación de servicios efectuadas en el marco del artículo 9° de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional, del Decreto N° 1109 del 28 de diciembre de 2017 y de toda otra modalidad de contratación que concluya al 31 de diciembre de 2023, e iniciadas a partir del 1° de enero de 2023 en los organismos comprendidos en los incisos a) y c) del artículo 8° de la Ley N° 24.156, no serán renovadas” (artículo 1º) y “(…) que las contrataciones efectuadas en el marco del artículo 9° del Anexo de la Ley N° 25.164 y del Decreto N° 1109 del 28 de diciembre de 2017, cuya fecha de ingreso a la administración sea previa al 1° de enero de 2023, no podrán ser renovadas por un periodo mayor de NOVENTA (90) días corridos” (artículo 3º). ↩︎
- Como por otra parte sabe perfectamente cualquier capitalista, tal Warren Buffett, propietario de la quinta mayor fortuna del mundo según Fortune, quien afirmaba en 2006: “Hay una guerra de clases, de acuerdo, pero es la mía, la de los ricos, la que está haciendo esa guerra, y vamos ganando”, en Stein, Ben (2006); “In Class Warfare, Guess Which Class Is Winning”, New York Times Magazine, 26 de noviembre. ↩︎
- Milei viene de la Corporación America International, concesionaria entre otros servicios de los aeropuertos argentinos). Su director ejecutivo, Eurnekian, le colocó en los canales de televisión en cuyo accionariado participa. A su vez, sectores del peronismo, específicamente los ligados a Massa, le proveyeron a Milei de candidatos a cargos ejecutivos y legislativos provinciales. Incluso, después de su asunción presidencial, antiguos altos funcionarios que se habían desempeñado con Massa permanecen en sus cargos. ↩︎
- En www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/eph_pobreza_09_2326FC0901C2.pdf. Según el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina es más, el 44,7% (más de 20,8 millones de personas) y el 62,9% entre niños y adolescentes (menores de 17 años): https://wadmin.uca.edu.ar/public/ckeditor/Observatorio%20Deuda%20Social/Presentaciones/2023/Observatorio_Prese ntacion_informe_avance_5D.pdf. ↩︎
- En https://diagnosticopolitico.com.ar/2024/01/02/2023-fue-segundo-ano-mas-piquetes-la-historia/. Pueden verse los informes del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma.
↩︎ - Pueden verse Arrizabalo, Xabier (2023); “La dislocación del mercado mundial y la crisis del capitalismo”, La Verdad, n.º 110, enero y Arrizabalo, Xabier (2023); Capitalismo y economía mundial, IME, Madrid. ↩︎
- Afirmación de Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas y Asesor del sindicato de trabajadores Aceiteros, tomada de Revista Crisis (2023). ↩︎
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