Acabar con la herencia franquista
La mayoría de los trabajadores y los pueblos del Estado español sufre en pleno rostro las consecuencias de la crisis que sacude el mercado capitalista, situación agravada por las consecuencias de la guerra que sacude el corazón de Europa, en Ucrania.
No se trata, ahora, directamente, de las atroces matanzas que en nuestra memoria colectiva nos recuerdan nuestra guerra civil, pero sí que se sufren los efectos indirectos.
Efectos como la espectacular subida de los precios, que el capitalismo español extremadamente parasitario y especulativo repercute de forma cualitativa.
El Plan de Estabilidad que el Gobierno ha presentado a Bruselas no supone más que nuevos recortes sociales, al tiempo que nos exigen la “contención” de salarios y pensiones. (Ver, a este respecto, la carta semanal del POSI, https://bit.ly/3Ni5UIM)
Al lado de ello los escándalos políticos como los del espionaje nos recuerdan que la muerte de Franco no significó el fin de las instituciones de la dictadura, sino que una buena parte de ellas siguen ahí, vivitas y coleando, presididas por el rey, hijo de aquel a quien Franco nombró su sucesor.
Y por si faltara poco el rearme que el Gobierno promete -bajo el dictado de la OTAN y la Administración Biden- es también la continuidad del lejano reconocimiento de la dictadura franquista por parte del imperialismo norteamericano con el viaje de Eisenhower a Madrid en 1953 y la instalación, poco después, de bases norteamericanas. Bases hoy reforzadas y destinadas a asegurar el control militar del Magreb, de África y del Medio Oriente.
Desde entonces todos los Gobiernos españoles, tanto de la dictadura como de la monarquía han ratificado y reforzado la dependencia militar del Estado español en relación al imperialismo norteamericano. Dependencia acrecentada con la entrada en la OTAN en 1981.
A esta continuidad se ha opuesto y se opone la inmensa mayoría de los trabajadores y la juventud y en particular en Catalunya y Euskadi.
Hay una relación directa entre esta dependencia militar y la política económica impuesta por el capital financiero y los graves atentados a las libertades que la herencia franquista representa.
Recordemos, por ejemplo, la Ley de Seguridad Ciudadana, bien llamada “ley mordaza”, que en su forma no es una ley franquista, pero si en su contenido. No es por casualidad que todos los portavoces de las viejas instituciones saltan como fieras cuando el Gobierno intenta reformarla, ya ni siquiera derogarla (otra promesa electoral abandonada).
Ante la cumbre de la OTAN
Con gran pompa, el Gobierno de coalición se apresta a recibir los días 29 y 30 de junio a las delegaciones de los 30 países que son hoy miembros de la OTAN. Quizás se sumen también los nuevos países como Finlandia y Suecia que, aprovechando la brutal invasión de Putin, han encontrado la buena excusa para acabar con su “neutralidad”.
Esta Cumbre presidida por Biden busca no solo escenificar el rearme –que conduce a nuevas guerras-, sino confirmar la sumisión de todos los Gobiernos europeos -algunos a regañadientes- a los intereses económicos y militares exclusivos del imperialismo norteamericano. Intereses que pasan hoy, entre otras cosas, por la destrucción de una buena parte de la industria europea, ahogada por la falta o encarecimiento de la energía.
Para el Gobierno Sánchez, esta cumbre es agarrarse a un clavo ardiente que representa su dependencia de Biden, ante la crisis que lo sacude. Aunque claro, en esto el nuevo PP de Feijóo sí que le muestra su apoyo.
Desde los intereses de los trabajadores y los pueblos, el rechazo a esta Cumbre de la OTAN y a la política de guerra va íntimamente ligado a la exigencia de las reivindicaciones más elementales, desde los salarios y pensiones a la defensa del empleo, de la necesaria reconstrucción de los servicios públicos al fin de las leyes liberticidas.
Más que nunca, ¡No a la OTAN, ni un euro para la guerra!
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