Hay que expropiar las viviendas de especuladores y fondos buitre
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Hasta ahora, la política de los gobiernos ha sido dejar la cuestión de la vivienda en manos del mercado, con más o menos limitaciones. Esta política ha fracasado. El derecho fundamental a la vivienda choca, como demuestran los hechos, con el derecho a la propiedad privada de especuladores y fondos buitre. Un derecho fundamental no puede quedar en manos de los especuladores.
El desembarco de fondos buitres y especuladores de todo tipo en el mercado de la vivienda, la proliferación sin límite de pisos turísticos, han hecho que para la clase trabajadora y, en particular para la juventud trabajadora, se haya hecho imposible acceder a una vivienda, ya sea para compra o para alquiler.
Limitaciones de subidas, ayudas al alquiler, zonas tensionadas, grandes tenedores, moratorias de desahucios, y demás medidas de limitación, han sido un fracaso, en parte por el boicot de los gobiernos regionales y, en parte, porque los especuladores han encontrado medios para burlar la ley.
En manos del capital, de los especuladores, la vivienda no puede ser un derecho sino una mercancía con todas sus implicaciones excluyentes para la mayoría.
El gobierno prepara un decreto que permitiría renovar automáticamente los alquileres, que limita la subida de esos alquileres, exigiendo un acuerdo entre las partes, y que acota los desahucios a los casos de impago de alquileres. Son medidas positivas, pero que no solucionan el problema.
La única solución real es poner en el mercado miles de viviendas a precios asequibles, y de inmediato. Eso es posible si el gobierno expropia todas las viviendas que están en manos de grandes tenedores, especuladores y fondos buitre, y prohíbe la compra de viviendas por parte de fondos de inversión.
Eso permitiría crear una empresa pública de viviendas, que ofrezca alquileres a precio asequible, sin esperar años a que se construyan esas viviendas. Hay que ponerlas en alquiler ya, sin ninguna dilación.
Al mismo tiempo, el gobierno puede emprender un amplio palan de construcción de vivienda pública, en vez de despilfarrar el dinero en gastos militares
Sin duda alguna, los grandes propietarios, los especuladores y sus representantes políticos se opondrán a estas medidas, porque para ellos, como ha declarado Ayuso, “la propiedad privada es sagrada”. Pero el gobierno debe de elegir: respetar las reglas del funcionamiento del Régimen, o pasar por encima de ellas para garantizar el derecho a la vivienda de la población trabajadora. Como dicen en la Puerta del Sol “o cae el rentismo, o cae el gobierno”.
La vivienda es una cuestión central para la clase trabajadora. Sus organizaciones, y, en primer lugar, los sindicatos, tienen que llamar a la movilización
Tras el desahucio de Maricarmen, importantes movilizaciones se han puesto en marcha. Hay que mantener y reforzar esas movilizaciones, porque sólo la movilización puede imponer una solución, obligar al gobierno a legislar. La movilización va ser necesaria también para hacer frente al boicot a toda medida progresiva que van a orquestar la derecha, la ultraderecha y sus perros de presa: el desahucio de Maricarmen y la violencia policial que lo acompañó, demuestran para quién trabajan el aparato judicial y el aparato represivo heredados del franquismo. No para garantizar los derechos de los ciudadanos, incluyendo el derecho a la vivienda, sino para defender los derechos de los especuladores.
La cuestión de la vivienda muestra, una vez más, que el régimen del 78, su “poder judicial” su policía, son enemigos de todo progreso, de toda solución favorable a la mayoría trabajadora.
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