Cientos de miles ocupan las calles de Madrid en defensa de la sanidad publica
Madrid dedicó 1.423 € por habitante, en 2024, a la sanidad madrileña. La comunidad que menos dinero dedica a proteger la salud de sus ciudadanos de entre todas las comunidades.
Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid han salido a las calles para defender la sanidad pública. Es el cuarto año consecutivo que lo hacen. Una vez más, la manifestación ha sido secundada por decenas de miles de madrileños y madrileñas que le han dicho a Ayuso que rechazan la privatización y que invierta más en la sanidad pública madrileña, en lugar de regar con dinero público a las empresas privadas como Quirón.
Madrid dedicó 1.423 € por habitante, en 2024, a la sanidad madrileña. La comunidad que menos dinero dedica a proteger la salud de sus ciudadanos de entre todas las comunidades.
El Gobierno de Ayuso destinó en 2024 un 12% del presupuesto sanitario. Es decir, entregó más de 1.200 millones de euros a las empresas privadas que se acogen a los conciertos que legaliza la Ley 14/1986, en su artículo 90.
La lucha de las empresas privadas por hacerse con esos cientos de millones explica la corrupción que se mueve en torno a la colaboración público-privada, de la que se nutre el entorno más cercano de la presidenta.
La manifestación del 25 de mayo ha sido una vez más muy numerosa en participación.
En ella han participado las asociaciones vecinales, plataformas y colectivos convocantes, así como partidos y sindicatos con una buena afluencia en sus cortejos, lo cual es de celebrar, pues la defensa de un servicio público esencial, como lo es la sanidad pública, no puede recaer exclusivamente en la responsabilidad de las estructuras sociales de base. Políticamente, más allá de la cuestión cuantitativa, es muy importante la unidad de las organizaciones de todo tipo en la defensa de un derecho fundamental como la sanidad pública.
Hay algo que se pone de manifiesto en el caso que el gobierno de Madrid hace de esta expresión popular y mayoritaria, es decir, ningún caso. Cuatro años consecutivos, cuatro manifestaciones multitudinarias y lo único que queda claro es la insensibilidad de las instituciones autonómicas, pero también estatales.
El Ministerio de Sanidad y el Gobierno no han hecho en esta etapa nada nuevo, más allá de aplaudir estas manifestaciones, como si las leyes que permiten y alientan la privatización no fuesen leyes ordinarias de rango estatal.
Dicen que defienden la sanidad pública, pero no derogan las leyes que la están entregando de pies y manos a las empresas privadas. Qué menos que someter a debate la derogación de leyes como la Ley 15/97. No hacerlo es poco menos que jalear la movilización que denuncia el problema, pero no querer hacer nada por resolverlo.
La insensibilidad del gobierno de la Comunidad de Madrid es equiparable a la decisión de este mismo gobierno, cuando 2020 dictó los protocolos de la vergüenza, privando a 7.291 ancianos y ancianas de su derecho a la asistencia médica hospitalaria, provocando la muerte de no menos de 4.000 de aquellos 7.291. Es la misma insensibilidad que ha demostrado el gobierno de la Comunidad Valenciana en octubre del pasado año, cuando esperó a que el presidente del gobierno autónomo terminase sus actividades, aún no aclaradas, mientras decenas de vecinos y vecinas se ahogaban arrastrados por el agua.
Lo que todo esto deja claro es que las instituciones del Estado tienen unas prioridades que no coinciden con las necesidades y las prioridades de los pueblos.
En la manifestación había una colorida variedad de banderas y estandartes, destacando la bandera palestina. Tanto la manifestación como los organizadores desde la tribuna han tenido palabras de apoyo al pueblo de Gaza y de rechazo contundente al criminal genocidio que Israel lleva 20 meses perpetrando. Y muchos pensamos que los Gobiernos europeos llegan 53.000 muertos tarde para romper relaciones diplomáticas y de todo tipo con el Gobierno sionista, o lo que es lo mismo, fascista, de Israel.
La clase trabajadora, por muy «transversal» que se quiera presentar no deja de ser la clase trabajadora movilizada en defensa de sus derechos.
Los trabajadores han cumplido con su responsabilidad saliendo a la calle, una vez más. La contundencia de estas manifestaciones debería calar en todos los movimientos sociales, partidos, sindicatos… En defensa de lo público: educación, pensiones, dependencia, sanidad. Esas organizaciones fueron fundadas para la defensa de los intereses de quienes dependen de un salario y cada día son más quienes con su salario no pueden emanciparse, en el caso de la juventud, ni llegar a fin de mes dignamente; es lo que le ocurre a 23 millones de españoles y españolas.
Movilizarse en defensa de los servicios públicos, manifestarse contra la barbarie sionista, salir a las calles a exigir la paz y decir basta de guerra, es una necesidad imperiosa, por salud pública. Las masas demuestran una y otra vez que están por la labor de resistir y dar la batalla. Ahora depende de las grandes organizaciones políticas y sindicales organizar esa resistencia. Cada día que no se hace es un día más de envalentonamiento de la derecha extrema y la extrema derecha.
Roberto Tornamira
Presidente de ASTRADE
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