Sedición y presupuestos
El acuerdo entre los partidos del Gobierno y los soberanistas catalanes de modificar el delito de sedición ha provocado una tormenta política.
Sánchez-Aragonés allanan el paso a la aprobación de los presupuestos por la mayoría parlamentaria que votó la moción de censura contra Rajoy en junio 2018, pero por otro provoca la ira de las instituciones franquistas y su principal representación política, el Partido Popular, que no admiten que pueda ni siquiera modificarse una coma de la legislación represiva de puro corte franquista.
Pero seamos claros: ni los presupuestos del Gobierno de “unidad de la izquierda” son sociales –¿cómo podían serlo unos presupuestos que duplican el gasto militar, pero reducen de nuevo el poder de compra de los empleados públicos?–, ni la reforma del Código Penal significa poner en solfa las instituciones de la Monarquía y su carácter opresor.
En efecto, al mismo tiempo, la ministra de Defensa, señora Robles, anuncia que el ejército español ha dado un paso más en la participación en la guerra de Ucrania. Acaba de enviar modernos dispositivos antiaéreos, entrena a soldados ucranianos y además ha “regalado” el 80 % de los uniformes de invierno al ejercito ucraniano, verdadero ejército de la OTAN.
La previsiones más optimistas dicen que los trabajadores españoles van a perder un 6 % como media de su poder adquisitivo este año, una de las proporciones más altas de los países de la Unión Europea. En los convenios que se firman solo el 23,7 % contemplan una cláusula de revisión salarial. Casi el 24 % de la población está bajo nivel de pobreza.
O sea que, aunque no se ha firmado un pacto de rentas, en la práctica la negociación empresa por empresa y convenio por convenio ha dejado a los trabajadores aislados, y obligados a firmar “lo que se pueda”. El anunciado “conflicto” se ha limitado a una concentración de delegados en Madrid. No hay ni siquiera una convocatoria de un día de movilización de todos los trabajadores afectados por la negociación de sus convenios. Este es el resultado de la política de la mayoría de las direcciones de las confederaciones.
Y esto, no nos engañemos, es el resultado de una política que busca no incomodar al Gobierno llamado “progresista”.
La formidable movilización por la sanidad en Madrid demuestra que hay fuerza y disposición a luchar, eso sí, si las reivindicaciones son claras y se trabaja por la unidad. Es preciso establecer acuerdos para multiplicar los puntos de apoyo para movilizaciones por las reivindicaciones, contra la represión. Lo exige la situación insostenible en que se encuentran los trabajadores, la juventud.
La reacción del PP demuestra que el capital financiero y el aparato de Estado heredado del franquismo no toleran que se toque nada de sus privilegios. Por tanto, presionado por ese aparato, el Gobierno ha descartado la derogación total del delito de sedición –que hubiera como mínimo recibido el apoyo entusiasta de todos los partidarios de la democracia y los derechos de los pueblos– y ha optado por cambiar el nombre en una versión descafeinada que no contenta ni a unos ni a otros.
Para nosotros, solo hay una salida: la satisfacción de las verdaderas reivindicaciones sociales y democráticas y no actuar mirando lo que puedan o no aceptar la Monarquía y sus genuinos representantes.
Esto quiere decir: alto a la política de guerra, aumento de salarios, pensiones y prestaciones de desempleo según la inflación real, reconocimiento de todos los derechos democráticos, acabar con la legislación represiva y la Ley Mordaza, poner fin a los privilegios del aparato judicial, represivo y militar heredados de la dictadura.
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