Continuar la lucha hasta la derogación completa de las reformas laborales

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Categoría: Editorial

La sesión del 3 de febrero en el Congreso de los Diputados sin duda pasará a la historia.
En primer lugar, el Gobierno sólo ha dejado a los diputados –que según la ley representan al pueblo– un único derecho: aceptar o rechazar el texto del acuerdo, negando al Parlamento la posibilidad de debatir, mejorar, modificar un decreto ley, tramitándolo como proyecto de ley.

En ese escenario, se han multiplicado informaciones sobre los supuestos beneficios de la reforma, ocultando el hecho de que más del 80% de los recortes de derechos impuestos en la reforma laboral de Rajoy ha quedado sin modificar. Y, a partir de ello, se ha orquestado una campaña de presión a los diputados que, invocando el mandato popular de derogación completa de la reforma, pretendían recuperar en su tramitación algunos de esos derechos.

Algo incomprensible cuando existía una mayoría parlamentaria que hubiera permitido recuperar la indemnización de 45 días por despido y los salarios de tramitación, eliminar la posibilidad de que una empresa pueda incumplir lo pactado en convenio, y otras muchas cuestiones.

Esto se corresponde con la manera en que los dirigentes sindicales han pactado la reforma: sin ningún debate interno, ni reuniones reales de instancias, ni consulta a los afiliados.

La forma corresponde con el contenido. Antiguas y nuevas “izquierdas” intentan dar carpetazo a la reivindicación unánime del movimiento obrero de derogación completa de las reformas laborales, que dieron lugar a la convocatoria en unidad de hasta tres huelgas generales por parte de CCOO y UGT, secundadas por millones de trabajadores. Huelgas cuya pertinencia se ha verificado al comprobar los efectos nefastos de la reforma laboral para los trabajadores.

No es casualidad que la CEOE, la patronal, la Conferencia Episcopal, Aznar y su fundación FAES, ABC, portavoz oficioso de la Casa Real, la Comisión Europea, Ana Botín, del Banco Santander, alaben la ley y hayan insistido en que no se cambiase “ni una coma” en la tramitación parlamentaria.

Tampoco es casualidad que la hayan votado sectores de la derecha como los franquistas de Cs, exconvergentes catalanes o derechas regionales. Unos apoyos buscados por el Gobierno en una maniobra arriesgada que a punto estuvo de dar al traste con la operación, ante el sorpresivo voto en contra de los dos diputados de UPN, a pesar de que la dirección de su partido había comprometido el sí a cambio de que el PSOE retirara su reprobación al alcalde de Pamplona por sus declaraciones racistas, y apoyara su propuesta de presupuesto municipal. Sólo el error -casual o intencionado- de un diputado del PP ha permitido que el decreto ley fuera aprobado por un voto de diferencia.

Todo un bochornoso espectáculo el del martes 3 de febrero: los diputados no pueden discutir el proyecto de ley, se mercadea el voto de los parlamentarios, y hay un diputado expulsado sin ningún motivo. Y no nos engañemos, el voto en contra del PP no se debe a un desacuerdo con su contenido, sino a su necesidad de que no aparezca que apoya al Gobierno.

El capital financiero puede estar contento: el PSOE y UP hacen el trabajo sucio provocando la desazón entre militantes y electores. ¿No es esto lo que abre el camino a la derecha?

Sin duda, es necesario resaltar que hay organizaciones que resisten, que -se compartan o no plenamente sus propuestas- han defendido el debate y la democracia.

Por nuestra parte, estamos convencidos de que una buena parte de los militantes obreros de este país no comulga con ruedas de molino. Por ello, a pesar de la confusión que se ha provocado, continuamos, junto a ellos, la lucha diaria y paciente para que, partiendo de las reivindicaciones, se abra el camino a la acción de masas que imponga la derogación de las contrarreformas laborales, que defienda el sistema público de pensiones y abra la vía a la democracia en este país, impedida por las instituciones del régimen, empezando por la Casa Real y siguiendo por los Tribunales franquistas, que quieren silenciar a los representantes electos en las Cortes, convirtiéndolas en una mera cámara de registro de decisiones previamente adoptadas. Por eso, sólo la alianza de los trabajadores y los pueblos logrará unas Cortes verdaderamente soberanas, expresión de una República del pueblo y para el pueblo.

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