Tarde, pero de importancia política
Forzados por la presión de sus propios socios y movilizaciones tanto el PSOE como Junts se han visto obligados a tener que dar un paso más para aparecer como defensores del pueblo palestino.
Con los votos del PSOE y sus socios de investidura: ERC, Sumar, PNV, EH Bildu, Podemos y BNG (176 a favor y 171 en contra), el pasado día 20 de mayo iniciaba su andadura la proposición de ley registrada el pasado 11 de julio de 2024 y que se ha mantenido más de diez meses mientras se seguía materializando el genocidio y las masacres en Palestina que no han cesado durante todo este tiempo.
Ley que en caso de que se aprobara debería prohibir el comercio con el Estado sionista de Israel incluyendo la prohibición de que otros países utilicen España como país de tránsito para exportar este tipo de productos al Estado de Israel.
Forzados por la presión de sus propios socios y movilizaciones tanto el PSOE como Junts se han visto obligados a tener que dar un paso más para aparecer como defensores del pueblo palestino.
Solo se ha aprobado una proposición de ley
Es decir, el inicio de un camino que sin duda puede ser de largo recorrido. Se debe constituir una comisión parlamentaria donde se podrán incorporar enmiendas y cuya última palabra la seguirá teniendo el Gobierno y particularmente Junts que, desde el inicio del último conflicto (octubre de 2024), siempre se ha manifestado de forma ambivalente, acercándose en ocasiones a posiciones lejanas a la defensa del pueblo palestino.
Es decir, el pasado día 20 solo se aprobó el pistoletazo para el inicio del debate.
La ley, de aprobarse, no se dirige en particular contra el Estado de Israel, sino que este quedaría incluido por poderse declarar «un embargo a aquellos Estados que hayan sido demandados ante un tribunal internacional cuya jurisdicción haya sido ratificada por España, siempre y cuando la demanda no haya sido inadmitida a trámite». Estas demandas deberían ser por «la comisión de un crimen de genocidio, crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949, ataques dirigidos contra bienes de carácter civil o personas civiles protegidas como tales, u otros crímenes de guerra».
Netanyahu y el Estado de Israel
Es aquí donde encajaría la figura de Netanyahu y del Estado de Israel. Se debe recordar que Israel se encuentra investigado por la Corte Penal Internacional y su primer ministro, Benjamín Netanyahu, fue objeto el año pasado de una orden de arresto emitida por ese tribunal, a la vez que también solicitaba el arresto del exministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, acusados ambos de crímenes de guerra y contra la humanidad por haber bloqueado la entrada de alimentos en Palestina para provocar la muerte por inanición de sus habitantes, así como por ser presuntamente autores de asesinatos y persecuciones en masa contra civiles, tipificados como crímenes de lesa humanidad.
De aprobarse y aplicarse el embargo «supondría la prohibición de toda venta, suministro, transferencia o exportación que tenga como destino directo o indirecto el territorio del Estado destinatario del embargo», aplicado de forma directa tanto a armamento y material de doble uso como a instrumental policial, y permitiría que las autoridades españolas inspeccionaran «en territorio nacional, incluidos los puertos marítimos y los aeropuertos, todos los cargamentos que estén destinados o procedan de un Estado afectado por un embargo», cuando posean «información que ofrezca motivos razonables para creer que el cargamento contiene artículos cuyo suministro, venta, transferencia, exportación o importación estén prohibidos».
Ahora bien sin necesidad de esperar a la culminación del debate y posterior aprobación de la ley el Gobierno ya tiene la capacidad (no la voluntad) de decretar un embargo de armas a Estado de Israel sin necesidad de que se apruebe este texto, pero al aparecer y por fuentes de la propia Moncloa se enfrentaría a ciertas «dificultades técnicas» como les gusta manifestar. Dificultades técnicas que no son otras que posibles discordancias con la normativa actual internacional y en particular europea, que imposibilita la declaración del embargo de forma unilateral, por ser materia cedida a la UE. Y además hay otra realidad que tampoco esconden, la presión de las empresas que se oponen a la posible restricción del comercio armamentístico.
La oposición, es decir PP, VOX y UPN, no solo han votado en contra, sino que se han sumado al relato «trumpista» (siendo Ayuso la más directa al respecto) de caracterizar a los defensores de los derechos humanos en Palestina de antisemitas. Insistiendo en que no estamos ante el genocidio de un pueblo, como el palestino, sino ante el legítimo derecho a defenderse de un Estado democrático como el de Israel. Lo que los convierte en defensores de lo que la población y los pueblos ven con sus propios ojos y ya caracterizan, tras cerca de dos años, como la verdadera monstruosidad militar del siglo XXI.
De ahí la necesidad de mantener la tensión y la movilización en todas aquellas organizaciones que se reclaman de la democracia y de los derechos humanos más elementales como el derecho a la vida.
No podemos esperar a que finalice el debate parlamentario, el Gobierno puede y debe decretar ya el embargo, esa es la voluntad de los ciudadanos.
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