Por el derecho de manifestación

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Categoría: Editorial

La decisión del delegado del gobierno en Madrid de prohibir todas las manifestaciones  del 8 de marzo -más de 100 actos- da su verdadero sentido al estado de alarma.

Justifica su prohibición en supuestos “motivos de salud pública”, pero no solo se prohíben movilizaciones que pudieran ser más numerosas, sino todos los actos, incluyendo actos de menos de 50 personas. La excusa sanitaria solo intenta hacer pasar como una necesidad la agravación de las medidas represivas. Hace unos días se prohibió hasta tres veces una manifestación contra la catástrofe sanitaria de Madrid, pero se permitió la manifestación falangista en honor a la División Azul que concluyó con soflamas antisemitas.

La gravísima situación sanitaria no es el resultado de ninguna manifestación, sino del desmantelamiento y acelerada privatización de la sanidad publica, a la que solo entre 2010 y 2017 se le sustrajeron más de 30.000 millones de euros.

La represión y los recortes de libertades responden a una necesidad del capital financiero, como demuestra el manifiesto de más de 300 entidades empresariales catalanas que reclaman un gobierno “que se centre en la recuperación” (y en las ayudas directas a las empresas)  y que dé “el máximo apoyo a los cuerpos de seguridad”.

Recordemos, a este respecto, que la ley Mordaza -que este gobierno prometió derogar-sigue más que en vigor, nunca ha sido más utilizada y aplicada masivamente, con el aplauso del ministro del Interior, Grande Marlaska.

Lo nuevo, no solo es que se prohíban manfestaciones como las del 8 de marzo, ni siquiera que se orqueste una campaña masiva de criminalización de las protestas de los jóvenes, sino que se empiezan a oír voces pidiendo la ilegalización de partidos, como reclama el señor Casado.

Las manifestaciones de los jóvenes contra la inicua condena a Pablo Hasél, en particular las de Barcelona, han sido objeto no solo de una represión indiscriminada y de provocaciones bien mediatizadas, sino que han provocado una campaña masiva en contra de la libertad de expresión. Así, antes de la prohibición del 8 de marzo, los portavoces más directamente franquistas ya exigían al gobierno la prohibición de las manifestaciones de los jóvenes de Barcelona.

Al mismo tiempo las manifestaciones de los variados grupos de extrema derecha son plenamente legalizadas y toleradas.

El derecho de manifestación no solo fue un derecho conquistado en dura lucha contra el franquismo, sino que es una de las claves, junto al derecho de organización y de huelga, que permiten a los trabajadores y los pueblos luchar por el conjunto de derechos y conquistas sociales.

Y no cabe duda de que hoy, más que nunca, hay motivos para salir a la calle en el día de la Mujer Trabajadora. Tres de cada cuatro nuevos parados son mujeres, como muchos de los que están en ERTE, y las mujeres más explotadas, como las del servicio doméstico o las que cobran el SMI, sufren especialmente la situación de crisis. Es por ello que debemos ir mas lejos.

¿A qué corresponde esta ofensiva represiva?

El desastre social que vive nuestro país, del que bastan dos datos: más de 4 millones de parados y el 44% de la juventud en paro ponen al descubierto las verdaderas consecuencias de la crisis capitalista y el hecho de que el capital financiero utiliza a fondo la pandemia para expulsar del mercado a lo que llaman las “empresas zombis” y aplastar a los trabajadores (al paro se suma la baja general de salarios, ya un 3% de media”)

Pero lo que temen todos los defensores de este régimen es que lo que se expresó en Barcelona estos días solo sea el inicio de un movimiento generalizado, de una explosión social. Y temen que la actitud de los principales dirigentes sindicales, que parecen los más convencidos defensores del estado de alarma, no les sirva para contener la resistencia abierta que se anuncia.

Desde este periódico obrero nos situamos incondicionalmente al lado de los jóvenes que manifiestan, al lado de los trabajadores que hacen huelga, de las mujeres que quieren justamente manifestarse y que rechazan los dictados del gobierno. Y recordamos que los derechos se conquistan, y el derecho de manifestación se defiende manifestándose.

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