Manifiesto de sindicalistas exigiendo la auditoría de las cuentas de la Seguridad Social
Un amplio movimiento protagonizado en principio por las plataformas de pensionistas, en particular la COESPE ha desarrollado durante años una movilización en todo el Estado en defensa del actual sistema de pensiones públicas.
A este movimiento se han sumado múltiples instancias sindicales, incluso congresos, que exigían una auditoría para probar la sostenibilidad del sistema.
Se constituyó también una Plataforma de Sindicalistas.
Hoy ante las amenazas de ruptura de la caja única de la Seguridad Social, se ha lanzado un llamamiento en este sentido, que publicamos aquí.
Los abajo firmantes somos sindicalistas defensores de la Seguridad Social y exigimos la realización de la auditoría de sus cuentas. Exigimos el cumplimiento de la ley.
La defensa de la sostenibilidad del sistema de pensiones se ha convertido en una constante de los últimos años de lucha de los pensionistas. Frente a las reivindicaciones de mantener la edad de jubilación, de subir las pensiones mínimas, de jubilación parcial anticipada en la industria, de jubilaciones anticipadas a trabajadores con 40 años cotizados o en sectores con condiciones penosas, de eliminar la brecha de género, se respondía siempre con especialistas de la patronal y el sector financiero, que pretendían demostrar la imposibilidad de mantenimiento del sistema y la necesidad de reformas e incluso de iniciar una fase privatizadora introduciendo a los bancos en la Seguridad Social con la panacea de las pensiones privadas.
Un sistema de reparto como el nuestro principalmente se financia con salario diferido: es decir, que los nuevos recursos solo pueden venir de aumentos salariales y de las reservas constituidas con superávits de años anteriores. Respecto a los salarios, defendemos que no habrá pensiones dignas sin salarios dignos, y respecto a las reservas, solo tenemos la constatación de que no existen, las cotizaciones se destinaron a financiar gastos ajenos.
Un informe sindical para el Pacto de Toledo de 2016 dice que las cotizaciones sociales que excedieron después de pagar las pensiones cada año, es decir, los superávits del sistema de Seguridad Social, durante décadas, no se destinaron a dotar al Fondo de Reserva y que si éstas se hubieran dotado “hoy se dispondría de un Fondo de Reserva de 519.104 millones de euros”. En 2023 Escrivá, en un análisis parcial, cifra en 140.000 millones el importe del desvío de cotizaciones que debieron ingresar en las reservas. El Tribunal de Cuentas cifra el saqueo -sólo entre 1989 y 2018- en 103.690 millones y plantea, sin éxito, “que el Estado debe resarcir a la Seguridad Social”.
Estos hechos, que desmontaron las urgencias de las reformas y las mentiras sobre la insostenibilidad, condujeron a la exigencia democrática de la trasparencia de las cuentas públicas, de conocer la magnitud del saqueo mediante una auditorÍa pública y el resarcimiento a la Seguridad Social.
Con potentes movilizaciones a favor de la auditorÍa y apoyados por miles de trabajadores, artistas, sindicalistas, congresos sindicales, cientos de Ayuntamientos, los pensionistas obligaron al Gobierno a aceptar la realización con plazos precisos de una auditorÍa pública de las cuentas de la Seguridad Social. (Ley 21/2021, Disposición Adicional Sexta). Pero el Gobierno ha incumplido todos los plazos, se niega a cumplir con la ley. La aplicación de la ley es inexcusable. Es necesario, por tanto, organizar la exigencia de su cumplimiento ante el Gobierno y el Parlamento.
La exigencia de auditoría, la lucha por preservar el sistema público de pensiones, debe incluir ineludiblemente la defensa de la caja única de la Seguridad Social. El acuerdo alcanzado con el PNV para transferirle competencias de Seguridad Social vulnera los derechos de toda la clase obrera, pues supondría la ruptura de la solidaridad del régimen de reparto en que se fundamenta nuestra Seguridad Social y la caja única del sistema, que no es propiedad de ningún Gobierno ni de ningún partido. Los derechos de la Seguridad Social no pueden variar en función del territorio, la caja única garantiza que los trabajadores cotizantes recibirán las mismas prestaciones a iguales condiciones independientemente de la comunidad autónoma en la que residan.
Es necesario y urgente organizar la resistencia de los trabajadores activos y sindicalistas y sindicatos por la realización de la auditoría difundiendo y ampliando los apoyos a esta iniciativa, y preparando las condiciones de un encuentro de los firmantes con delegaciones a los parlamentarios que ponga en el centro la defensa del futuro de nuestra Seguridad Social.
Deja una respuesta