El poder judicial se niega a aplicar la amnistía
Y en esta ley no hay ningún asa que permita al Tribunal Supremo agarrarse a ella para vulnerar su letra y su espíritu. Ni una. Había que poner en evidencia una grave anomalía democrática, una avería en el sistema español que impide que podamos hablar de democracia plena, y había que ponerle un foco muy grande, vista la pasividad del presidente del Gobierno español, para denunciar literalmente una actitud golpista del Supremo».
Aprovechando el aniversario de «su segunda huida», Carles Puigdemont sigue apuntando a Pedro Sánchez como responsable de que no se aplique la amnistía: «La Ley de Amnistía había sido aprobada por las Cortes españolas y había entrado plenamente en vigor. Y en esta ley no hay ningún asa que permita al Tribunal Supremo agarrarse a ella para vulnerar su letra y su espíritu. Ni una. Había que poner en evidencia una grave anomalía democrática, una avería en el sistema español que impide que podamos hablar de democracia plena, y había que ponerle un foco muy grande, vista la pasividad del presidente del Gobierno español, para denunciar literalmente una actitud golpista del Supremo».
Ignora las palabras de su enemigo electoral en Catalunya, Salvador Illa, cuando desde la presidencia afirmaba una vez que se declaraba la constitucionalidad de la citada ley: «Me duele que haya personas que todavía no se hayan podido beneficiar de la amnistía», en clara referencia a Carles Puigdemont, Lluis Puig y Antoni Comín.
También ignora las del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por el aval del Constitucional a la Ley de Amnistía, un «broche a la apuesta del Gobierno por la convivencia», pero ha recordado que no será completa hasta que no se aplique a todos los dirigentes del Procés.
El aval constitucional, un punto y aparte
El aval del TC no es el final definitivo que permite la aplicación de la ley; simplemente es el primer pronunciamiento, abre una puerta de salida, pero incompleta.
El TC, al desestimar el grueso del recurso de inconstitucionalidad del PP, no ha entrado a valorar a fondo la «malversación», que es la vía que el TS (en su día presidido por el juez Marchena) utiliza para impedir su aplicación.
Basta recordar el auto del que fue ponente el propio Marchena, dictado tras la derogación del delito de sedición (2022). En dicho auto, se condenó por el delito de desórdenes públicos a dos de los procesados, que por razón del indulto y del tiempo de cumplimiento ya habían extinguido la pena de inhabilitación, y la misma Sala Penal negó la aplicación del tipo atenuado de malversación a otros cuatro procesados. Casualmente o no, el 1 de julio de 2024 se notificaba a través de otro auto que el delito de malversación de caudales públicos no había sido amnistiado por la Ley Orgánica 1/2024.
El TC también tendrá que resolver los recursos de amparo y el resto de las impugnaciones registradas. Así pues, aún tiene que resolver los quince recursos de las comunidades autónomas (once de gobiernos del PP, tres de parlamentos y el del socialista Emiliano García-Page), las cuestiones de inconstitucionalidad (del Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya).
Pablo Llerena
Carles Puigdemont aún no puede volver en libertad a Catalunya. El propio magistrado Pablo Llarena en unas declaraciones realizadas a El Nacional ya manifestó que no se siente concernido ni interpelado por la decisión relativa a la constitucionalidad de la ley, dado que su interpretación es que el caso del líder de Junts queda fuera de su perímetro. Por lo tanto, no tomará ninguna nueva decisión sobre su situación judicial y continuará en vigor la orden española de detención. La primera vez que se negó a dar la amnistía, Llarena dijo que Puigdemont «endosó» los gastos de un «afán personal» a la Generalitat «sin que la iniciativa respondiera a la satisfacción de ningún interés público» para «no tener que atender ellos el coste inherente a sus iniciativas personales». Y no es de suponer que el TC adopte medidas cautelares, que sin duda solicitará Gonzalo Boye (abogado de Puigdemont).
Gonzalo Boye, ¿portavoz de Junts?
Gonzalo Boye se ha prodigado por los medios de comunicación esta última semana, abriendo el camino hacia la necesidad de acercar posiciones entre Junts y PP.
En particular, en su entrevista publicada por La Razón. Su argumento es meridiano: la aplicación de la amnistía sobre Puigdemont será más fácil con el PP en el gobierno que con el PSOE; al fin y al cabo, el PP cuenta como su mejor aliado con el Poder Judicial, un Poder Judicial que trata de acorralar hasta la extenuación a Pedro Sánchez.
Utiliza, pues, Junts a su vocero judicial; no en vano fue su asesor en la Ley de Amnistía, al afirmar que lo mejor para la democracia sería un gobierno del PP, que contara con el apoyo de los demás grupos políticos para que pudiera gobernar sin Vox.
La intervención de la Fiscalía
Y mientras Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, resiste los golpes, atrapados en la «imparcialidad judicial», los cuatro fiscales del Procès se niegan a acatar su orden y mantienen su rechazo a apoyar la aplicación de la amnistía a Carles Puigdemont porque, según ellos: «La orden es improcedente y contraria a las leyes por no ajustarse a los criterios más elementales de lógica jurídica y de legalidad penal», según señalan en un escrito.
Se muestran contrarios a levantar la inhabilitación antes de resolver el recurso, alegando que, hoy por hoy, «no está convocado, ni próximo a convocarse» ningún proceso electoral y que, por tanto, no se produce «ningún perjuicio o daño irreparable» a su derecho de representación y participación política. «Nada excluye que [el Constitucional] se pueda pronunciar sobre el fondo del recurso de amparo de manera previa a la existencia de un proceso electoral».
¿Qué hará el Tribunal Supremo si finalmente el TC ordena amnistiar la malversación?
Va listo quien crea que el TS va a ejecutar la orden (si la diera) del TC. El TS aún cuenta con una baza, no menos importante: el TJUE.
Convencidos los dirigentes del Procès de que en última instancia la UE actuaría en su defensa, introdujeron la competencia del TJUE con carácter prejudicial, precisamente el asesor de Junts (para demostrar que eran más exigentes que ERC). Y ya ha advertido la Sala de lo Penal del Supremo cuando denegó por segunda vez la amnistía a los condenados en el juicio del Procès que «una interpretación que estimara que el delito de malversación es amnistiable nos obligaría en el futuro a suscitar la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea».
Y visto lo visto, y el trato recibido por Carles Puigdemont por parte del TJUE con relación a su inmunidad…
A Puigdemont le urge el regreso; sin su presencia física, le resulta imposible ordenar a su propia formación, acosado por la derecha por Aliança Catalana, además de la patronal catalana y por el pragmatismo de ERC. Pero acercarse al PP le puede suponer el deterioro de todas las relaciones con quien aún subsiste en los principios independentistas.
Parecería una partida de ajedrez, si no fuera porque lo que verdaderamente está en juego es el principio democrático más elemental, como el derecho a decidir de los pueblos, y de eso va la amnistía. Ese y no otro es el interés de toda la clase obrera y el de todos los pueblos. La amnistía deja al desnudo al régimen de la monarquía. El poder judicial «imparcial» corre a taparlo con sus togas. Otros ni siquiera se defienden.
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