El informe sobre los abusos en la Iglesia y la laicidad necesaria
El viernes 27 de octubre el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, presentó en el Congreso de los Diputados un “Informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos. Una respuesta necesaria”.
La investigación, que arrancó en junio de 2022, arroja unos resultados devastadores, calculando que habría alrededor de 440.000 víctimas de abusos en el ámbito de la Iglesia. Tanto los resultados como las conclusiones propuestas en el informe han suscitado reacciones desde todos los ángulos.
Para empezar la Conferencia Episcopal, desde el primer momento a la defensiva, se ha negado a colaborar en los trabajos de la comisión encargada del informe y ha promovido su propia investigación sin resultados aparentes, y señala que los datos son una “extrapolación” que apunta que un 0,6% de la población española mayor de edad ha sufrido abusos en la infancia por parte de sacerdotes o religiosos, “no corresponden a la verdad” y piden no poner el “foco” solo en la Iglesia. Supongo que les parecerá mejor la mitad o la cuarta parte e ignoran que el informe se centra según su título “en el ámbito de la Iglesia católica”.
Por contra, Europa Laica en un comunicado señala que el informe “no garantiza los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”, y que “no se hayan investigado los archivos canónicos ni el encubrimiento cometido por la jerarquía católica”. Añaden que otros estudios concluyen que “los abusadores de menores pueden representar entre el 4 y 10% del clero. Sobre las indemnizaciones a las víctimas indican que “pretender que se haga cargo de ellas el Estado es inaceptable”. Recuerda la asociación que la Iglesia ha propiciado y ocultado los abusos, y que su inmensa riqueza se ha acumulado precisamente por la “generosidad” del Estado.
Sobre laicidad “cero patatero”
La acción o inacción de los distintos Gobiernos tras la dictadura ha contribuido a colocar a la Iglesia en una situación de impunidad ante todos estos hechos. Como señala Francisco Delgado, expresidente de Europa Laica sobre el pacto que acaban de suscribir el PSOE y Sumar “nada se dice de promover una ‘ley de libertad de conciencia’ (…) para poder arrinconar la actual y vetusta ‘Ley de Libertad Religiosa’ de 1980; nada de cancelar/derogar (…) el Concordato de 1979; nada de sacar la religión de la escuela y de no financiar, por parte del Estado, los centros educativos dogmático-confesionales; nada de revertir las vergonzosas inmatriculaciones, mediante una ley en el Parlamento y de la modificación de la actual Ley de Patrimonio Histórico Artístico; nada de eliminar las capellanías católicas en el Ejército, centros penitenciarios u hospitales; nada sobre eliminar la casilla en el IRPF de financiación de la Iglesia católica; nada de eliminar las innumerables exenciones de impuestos a la Iglesia católica; (…) nada de derogar el delito de blasfemia, etc.(…) No se contempla la construcción del Estado laico”.
La Iglesia incrustada en el aparato del Estado
Recordemos que el Concordato del 1979, aprobado seis días después de la entrada en vigor de la Constitución, tiene su precedente en el firmado durante la dictadura en el año 1953, y en su modificación en 1976, “reconoce a la Iglesia católica el derecho a su misión apostólica”, y “garantiza el libre y público ejercicio de las actividades que le son propias y en especial las de culto, jurisdicción y magisterio”, y que la propia Constitución señala en el artículo 16.3 que el Estado mantendrá “ las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica”, a pesar de que se la supone aconfesional.
Este entramado jurídico y la negativa de los distintos Gobiernos a afrontarlo justifican que, como señala Europa Laica, el Estado destine a la Iglesia más de 13.000 millones de euros anuales de los que 5.000 son destinados a instituciones de enseñanza. Dejar gran parte del sistema educativo en manos de la Iglesia es dejar al lobo cuidando de las ovejas.
El informe y las medidas a tomar deberían ir presididas por la exigencia de derogación del Concordato y por una separación real de la Iglesia y el Estado, entregar a la justicia a los culpables y a sus colaboradores, indemnizar a las víctimas con fondos de la Iglesia, y sobre todo impedir que una institución teocrática, machista y antidemocrática eduque a nuestros hijos. ¿Se imaginan que la religión desapareciera como vehículo de las guerras?
Deja una respuesta