PAREMOS LA LIQUIDACIÓN DE LA RED PÚBLICA DE CENTROS DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA
El 26 de mayo el gerente de la Agencia Madrileña de Atención Social anunciaba de manera sorpresiva una supuesta reestructuración en la red pública de centros públicos de atención a la infancia en situación de desprotección que podríamos calificar de delirante y liquidadora.
En un complejo movimiento de reubicación de recursos se cierra un centro, se pierden plazas públicas en otro, se acaba con un proyecto territorial y se destierra fuera de Madrid a los menores migrantes no acompañados.
Asistimos estupefactos a un auténtico proyecto de desmantelamiento y privatización que no responde a ningún criterio técnico o de mejora de la asistencia. Justo cuando la Comunidad acaba de aprobar 5,3 millones de euros para la creación de una residencia infantil de 3 a 17 años de gestión privada, se procede al cierre del servicio de la RPI Casa de los Niños (0-6) y a la eliminación de plazas en otras residencias públicas.
En la misma línea la Comunidad de Madrid ha renovado durante el curso los contratos de gestión con entidades privadas para el acogimiento residencial con medidas de protección. Actualmente tan solo el 25% de los centros son de gestión pública.
Las trabajadoras y trabajadores de los centros de protección a la infancia de la Comunidad de Madrid nos estamos concentrando quincenalmente desde el anuncio de las medidas frente a la Consejería de Familia, Juventud y Política Social para reclamar la paralización del proceso de restructuración.
EL CIERRE DE LA CASITA SOLO RESPONDE A INTERESES PRIVADOS
La Residencia de Primera Infancia Casa de los Niños, La Casita, atiende a niños y niñas de 0 a 6 años, muchos de ellos con algún tipo de patología. Es un centro de referencia, en un entorno natural privilegiado, ideal para desarrollar la intervención en este tramo de edad. Se trata del único recurso de la comunidad de Madrid especializado en niños y niñas de 0 a 6 años que presentan alguna enfermedad y que cuenta con las infraestructuras (pequeñas unidades de convivencia), adaptaciones y espacios necesarios, junto con un equipo sanitario con cobertura las 24 horas, para la atención y cuidado de esta población.
Según el gobierno de la Comunidad de Madrid el cierre se fundamenta en el compromiso de las administraciones de garantizar la atención mediante programas de acogimiento familiar de los más pequeños. Pero, la realidad es que no hay familias acogedoras suficientes y no se ha producido por el momento ningún avance significativo en este terreno.
Por otro lado ¿por qué se procede al cierre de un centro público bien dotado y que funciona, mientras se mantienen o abren recursos de gestión privada, que atienden a población de mismas edades y características?
UN “CIE” PARA MENORES
El traslado de los menores migrantes no acompañados a un centro privado en una zona desértica en Barajas supone una medida contraria a toda la normativa y legislación vigente en esta materia, ya que impide la integración normalizadora dentro de entornos comunitarios. Carece de cualquier lógica técnica, educativa o simplemente humanitaria. El objetivo con estos chicos y chicas es lograr una correcta integración social, para ello es necesario que puedan acceder a recursos normalizados de formación, ocio y empleo. Sería necesario evitar la creación de guetos en que se recluya y aísle a menores que necesitan de nuestra protección.
Ante la saturación de los centros de primera acogida de Hortaleza e ICE, se abrió en 2018 el albergue de la Casa de campo, en principio de gestión privada por razones de urgencia, pero bajo el compromiso de la administración de que después pasaría a ser de gestión pública (cosa que no ocurrió nunca).
Este centro ha sido fallido desde el principio. La gestión, a cargo de diferentes empresas, no ha obtenido resultados positivos (agresiones al personal del centro, ausencia de proyecto, problemas de convivencia vecinal, falta de medios y personal adecuado…)
Lo que ahora propone el gobierno no solo es cuestionable desde un punto de vista moral, sino que, además, vulnera los más elementales principios de protección a la infancia recogidos en la declaración universal de la Convención de los derechos del niño y en la legislación nacional.
ELIMINACIÓN DEL PROGRAMA TERRITORIAL DE ACACIAS
Por otro lado, se anuncia el traslado de la residencia territorial de Acacias a las instalaciones de la Residencia de Primera Infancia Casa de los Niños adaptada a bebés y niñ@s de hasta 6 años. Lo que requerirá de unas costosas y/o cuantiosas obras de demolición interna y remodelación total del edificio y zonas exteriores para adaptarlas y adecuarlas a edades muy superiores.
Las residencias infantiles de zona tienen por objetivo trabajar con familias y menores del entorno para evitar la ruptura de vínculos, relaciones y redes de apoyo de los chicos y chicas, y poder trabajar en estrecha colaboración con los servicios sociales de zona para su reintegración familiar o para el mantenimiento de aquellas relaciones positivas del entorno del menor.
En el traslado se pierden plazas residenciales públicas y además, las familias de pan bendito, vista alegre, puerta bonita etc. se ven perjudicadas directamente con este movimiento.
TRASLADO DE LA RESIDENCIA DE PRIMERA ACOGIDA, ICE Y MENORES A LOS ARRABALES
Por otro lado, el traslado de centro de primera acogida ICE fuera de entornos comunitarios supone nuevamente una involución en las políticas sociales, dificultando la integración normalizada de menores, la coordinación con servicios sociales de zona, el acceso a las familias (mala comunicación, coste de transportes…)
PRECARIEDAD Y MALTRATO LABORAL
Hay que señalar que todo esto se produce en un contexto de absoluta precariedad e incertidumbre laboral del personal que sostiene las residencias. En torno al 85% del personal educativo de los centros es personal laboral temporal con antigüedades superiores a los 20 años en la mayoría de los casos., ya que la última oferta de empleo público para cobertura de plaza fija de nuevo ingreso fue la de 1997.
En este momento estamos inmersos en un proceso de “estabilización” mediante concurso oposición que se va a traducir en cientos de despidos de personal en abuso de temporalidad cualificado y con experiencia.
Por otro lado, la oferta de empleo público de 2022 prevé solo dos plazas de educador social en residencias de la red pública de protección de menores, en una velada declaración de intenciones.
LA RED PÚBLICA DE CENTROS DE PROTECCIÓN DE MENORES NECESITA CAMBIOS: PERO NO ESTOS.
La red pública de centros es escasa y anticuada. Son necesarios cambios profundos, pero no los propuestos por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
Se necesitan pequeños centros PÚBLICOS de zona en los municipios y distritos, que recreen ambientes familiares y normalizados, facilitando el establecimiento de vínculos estables que aporten seguridad necesaria para desencadenar procesos resilientes. Centros que trabajen en estrecha colaboración con los servicios sociales para facilitar el trabajo con familias y evitar la cronificación de los casos, que respondan al modelo de centros que recoge la normativa y legislación actual, así como el anteproyecto de Ley de Infancia de la Comunidad de Madrid.
Hacen falta más recursos en servicios sociales para la atención familiar y evitar el deterioro de situaciones de riesgo que finalmente conducen a la separación del menor de su medio. Es necesario garantizar, mediante el apoyo directo a familias, que ningún niño o niña sea tutelado o guardado por situaciones de carencia o pobreza (tal y como dicta la Ley).
Un proyecto integrador para menores migrantes, niños y niñas desprotegidos que huyen de la miseria y no tienen quien les cuide, evitando la creación de guetos segregadores sin proyecto detrás.
El Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales 2021 (Índice DEC), que se elabora cada año con datos oficiales sobre coberturas, inversión y derechos sitúa a Madrid en el último puesto, categorizando los servicios sociales en nuestra comunidad como irrelevantes. En Navarra hay un profesional de los servicios sociales básicos por cada 739 habitantes, en Madrid uno por cada 5.515 habitantes.
LA MOVILIZACIÓN EL ÚNICO CAMINO
Es necesario continuar y ampliar la movilización implicando a otros sectores, es el único camino para evitar el desastre que se avecina. Desgraciadamente el sistema de protección a la infancia es un gran desconocido para el conjunto de la población, salpicado de informaciones intencionalmente sesgadas y seleccionadas que buscan desprestigiar un servicio público esencial y necesario. Ante esto es necesario poner en valor el trabajo que realizamos. Desarrollamos una labor de atención temporal e integral a niños y niñas en situaciones de extrema vulnerabilidad para que puedan rehacerse ante la adversidad, en tanto se buscan soluciones estables y familiares adaptadas a cada caso. Trabajamos con familias para facilitar progresivamente que puedan atender de manera adecuada a sus hijos e hijas. Somos soporte de adolescentes que no cuentan con ningún apoyo para la realización de su proyecto de vida… En definitiva, realizamos funciones indispensables en una sociedad civilizada, de cuidado y protección de la infancia en situación de abandono, violencia o maltrato, con medios muy escasos y con grandes dosis de voluntariedad e implicación.
El próximo jueves 14 de julio volvemos a concentramos frente a la Consejería de familia, juventud y políticas sociales. Animamos a participar a otros sectores en estas convocatorias, no es una cuestión exclusiva de las trabajadoras y trabajadores afectados, es la cobertura social de derechos básicos de la infancia más vulnerable y de familias en situación de exclusión lo que está en juego.
Todos los escudos conquistados frente a la más salvaje barbarie están en cuestión hoy en día, solo la resistencia activa, la movilización unida puede poner freno a esta situación. Vivimos momentos difíciles, situaciones en que los estados llaman a priorizar las políticas de guerra en detrimento de las políticas sociales, de los salarios y derechos. En este contexto defender cada conquista por pequeña que sea es esencial.
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Comentarios
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No a la privatización
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No al cierre de los centros de menores de la CAM.
No a la reestruturacion / privatización
de los centros de menores de la CAM
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