Ante un Gobierno en ciernes
La actitud de la prensa directamente franquista ante el posible acuerdo de gobierno entre el PSOE y los partidos soberanistas catalanes es más que significativa. Junto con todas las instituciones reaccionarias del aparato de Estado (véanse los movimientos dentro del aparato judicial) se rasgan las vestiduras ante lo que llaman la “claudicación” de Pedro Sánchez. No hay que extrañarse por eso. El odio a todo progreso, por pequeño que sea, y a toda medida democrática es intrínseco a esas instituciones franquistas y a sus portavoces.
Sin embargo, aún quedan dudas, en el momento en que escribimos estas líneas, sobre un acuerdo definitivo. Acuerdo que se sitúa, en líneas generales, simplemente en reconocer que no se puede construir un futuro de avances y de convivencia entre los pueblos del Estado aplicando las leyes represivas a quienes han actuado o se han movilizado por reivindicaciones democráticas. Por eso es necesaria una amnistía sin condiciones.
La amnistía interesa a todos los trabajadores de todos los pueblos del Estado
Pero eso, por más que pueda atenuar las tensiones, no soluciona la cuestión de fondo. Que no es otra que la cuestión que fue negada en la llamada “transición”: que el pueblo catalán, y con él todos los pueblos que forman el Estado español, pueda decidir su futuro liberándose de la carga de su pesada herencia franquista, que sigue en los hechos, controla las instituciones del Estado y se condensa en la persona e institución monárquica. Porque esas instituciones no solo buscan preservar sus privilegios heredados de la dictadura, sino que, por encima de todo, dan cobertura a la libertad de los capitalistas, de la banca, de los monopolios, de explotar a la clase obrera y de hundir en la miseria a todos los sectores populares, por medio de la inflación, producto pura y simplemente de la especulación. Como se gritaba en las calles en los tiempos del 15-M “lo llaman democracia y no lo es”.
Pero, por mucho que el acuerdo disipe la posibilidad de un gobierno de los franquistas, no nos adherimos a ciegas –como no lo hacen millones de trabajadores- a las propuestas que plantean los acuerdos sobre los que se quiere levantar el nuevo gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz.
Conseguir la amnistía es un paso evidente, en primer lugar para los afectados, los miles de ciudadanos y ciudadanas catalanes (la inmensa mayoría, jóvenes) amenazados de juicio y condena. Y debe ser un paso para acabar con toda la legislación represiva empezando por la Ley Mordaza .que afecta entre otros a centenares de trabajadores.
Seamos claros: los acuerdos alcanzados hasta ahora para formar gobierno no resuelven automáticamente el conjunto de reivindicaciones pendientes, tanto sociales como económicas, no garantizan a la población trabajadora llegar a fin de mes, ni a los jóvenes acceder a una vivienda (para ello sería necesario garantizar un aumento de salarios y pensiones según el IPC real), ni permiten salvar la sanidad pública, en grave peligro, la enseñanza, los servicios públicos. Ni ponen fin al despilfarro de los gastos militares. Ni abren la perspectiva de acabar con los privilegios y abusos de la Iglesia católica, implantando la separación real de la Iglesia y el Estado, una cuestión de rabiosa actualidad tras la publicación de datos que hablan de más de 400.000 niños objeto de abusos Y en este sentido es preocupante el silencio de todas las fuerzas políticas al respecto.
Se abre una nueva etapa, en la que el factor decisivo va a ser la acción y organización de la clase trabajadora, la lucha de clases. La formación del nuevo gobierno- cuya estabilidad, además, va a depender del beneplácito de algunas formaciones “nacionalistas” de derechas- no es, en sí, una garantía suficiente. En esta nueva etapa, la necesidad de que las organizaciones de trabajadores, jóvenes, pensionistas mantengan su independencia en relación al gobierno es clave, para que sea posible aplicar una máxima elemental: gobierne quien gobierne, las reivindicaciones y las conquistas se defienden.
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