Ante la rebelión de los pequeños campesinos
Siguiendo el ejemplo de sus hermanos alemanes, franceses, y de otros países de Europa, los pequeños campesinos de todo el país se han lanzado a la lucha, bloqueando carreteras y, en algunos casos, concentrándose en las ciudades. No es para menos: se enfrentan a la destrucción de su medio de vida, que no es una amenaza, sino un hecho: en el último decenio, se pasó en Europa de 15 millones de explotaciones agrarias a 9 millones. Una formidable destrucción de fuerzas productivas que se suma a la desindustrialización, amenazando con convertir a Europa en un páramo geográfico y social.
La Unión Europea, contra los campesinos
La rebelión comenzó en Alemania contra la pretensión de eliminar la subvención al gasóleo agrícola (que existe en muchos países). En Alemania, el gobierno tripartito de Liberales, Socialdemócratas y Verdes, que ha decidido aumentar en 100.000 millones el gasto militar, “necesitaba” sacar 1.000 millones del bolsillo de los agricultores. Se apoyaba en el argumento “ecológico” del gasóleo contaminante, como si en el siglo XXI los agricultores pudieran cultivar con un arado tirado por un burro.
El argumento de los supuestos ecologistas es esgrimido, también en España, para arremeter contra los agricultores.
En Francia, los agricultores han levantado dos reivindicaciones claras y precisas, compartidas por los campesinos de toda Europa: precios fijos garantizados por el Estado que les permitan vivir de su trabajo y eliminación de la competencia desleal de productos extracomunitarios, importados gracias a los tratados de libre comercio, y que no tienen las exigencias sanitarias y medioambientales que se exigen a la producción europea. A lo que se suma la vía libre a la entrada de productos agrícolas y ganaderos de Ucrania, aprobada por todos los Gobiernos de la Unión Europea, una medida que no favorece a los campesinos ucranianos, sino a los oligarcas y multinacionales que se han apoderado de las mejores tierras en Ucrania (en una muestra de cómo el gobierno Zelenski defiende la “soberanía” de su país).
En toda Europa, los pequeños campesinos se enfrentan desde hace decenios a las reformas de la Política Agraria Común (PAC), pero su situación se ha hecho insostenible con un “tercer régimen agrario” que subordina la producción de alimentos a exigencias ambientales supuestamente radicales, sin base científica e imposibles de cumplir. El Pacto Verde Europeo determina que la seguridad alimentaria ya no puede ser el objetivo de las políticas agrarias, porque se subordina a los objetivos climáticos y las medidas de la UE tienen como objetivo la reducción de la producción agraria.
No son los grandes propietarios
Quienes se movilizan no son precisamente los grandes terratenientes, favorecidos, junto con las empresas de distribución y algunas otras grandes empresas, con el 80% de las ayudas de la PAC (Telefónica, 55,5 millones; Entrepinares, 5,5 millones; Osborne, 4,1 millones; Mercadona, 1,45; el duque de Alba, 1,9…), sino, como explica una ganadera en un vídeo que circula en las redes, en un 80% pequeños propietarios agrícolas, al borde de la ruina.
En Francia, los principales sindicatos han emitido comunicados de solidaridad con los campesinos (aunque no se han traducido en medidas prácticas). Aquí, por el contrario, hemos visto unas desafortunadas declaraciones de Unai Sordo descalificando las movilizaciones. Como si defender a los campesinos exigiera renunciar a la lucha sindical por salarios justos en el campo. Al mismo tiempo, se ha organizado una poderosa campaña política y mediática contra la movilización. En algunos medios, todo el que osa movilizarse contra el “Gobierno más progresista de la historia” es inmediatamente calificado de ultraderechista o de provocador. Más ahora los pequeños agricultores chocan con todos los Gobiernos europeos que aplican la política destructiva del campo.
Nadie niega que la derecha y la ultraderecha intentan cabalgar sobre el movimiento, pero hemos visto al vicepresidente –de Vox– de Castilla y León abucheado y expulsado de la movilización por los campesinos exigiendo «menos palabras, más hechos». Recordemos que tanto el PP como Vox votaron en su día contra la Ley de la Cadena Alimentaria, que se proponía evitar las ventas a pérdidas en el campo y acabar con los abusos de las distribuidoras que obligan a los campesinos a vender su producto a la baja mientras multiplican los precios a los consumidores. Lástima que haya servido para poco. Ahora Sánchez propone “reforzar los controles” para garantizar su cumplimiento.
Gobierno: medidas prácticas
Las mejores tradiciones del movimiento obrero se basan en la búsqueda de la unidad de la clase trabajadora con los pequeños campesinos y con las reivindicaciones de los pueblos. En esa línea, afirmamos, como hace una declaración del CATP que se reproduce en estas páginas, que los pequeños campesinos tienen razón.
Como en el caso de Gaza –donde se le exige no buenas palabras, sino la ruptura de relaciones económicas y diplomáticas con el Estado de Israel–, el Gobierno tiene que tomar medidas concretas para responder a las justas reivindicaciones de los pequeños campesinos: precios mínimos garantizados, fin de la competencia desleal, meter mano de verdad a la distribución de alimentos. Esas deberían ser las exigencias levantadas por nuestras confederaciones sindicales.
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