Ceuta y los derechos de los menores
Nada puede justificar a día de hoy, un mes después de la entrada en Ceuta, que más de mil niños, niñas y adolescentes no estén bajo la protección del Estado y de los que tienen competencias sobre la infancia.
Siguen expuestos y cada vez más a una violencia extrema, en situación de calle, sin apenas alimentos ni agua, víctimas de pogromos amparados y a veces protagonizados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Diecisesis mujeres y niñas figuran como víctimas en los procedimientos abiertos por violencia sexual desde la
entrada en Ceuta. Algunas son menores. Para una niña que acaba de atravesar la
frontera, denunciar implica conocer sus derechos, pedir ayuda, ser entendida, y
todo esto en un entorno desconocido, lo que hace suponer que la cifra es mucho mayor. El Gobierno ha propuesto que 500 de las niñas que permanecen en Ceuta, pasen a estar bajo guarda de entidades privadas en otros lugares de la península, sin que participen recursos de comunidades autónomas.
La necesidad de proporcionar al niño una protección especial ha sido enunciada en todos los tratados internacionales. La convención de los derechos del niño de 1989, de la que el Estado español es firmante, establece que: «Los Estados parte se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar. Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado».Tal y como se introduce en la Ley 26/2015 de modificación del sistema de protección a la infancia y adolescencia (aprobada por el gobierno de Mariano
Rajoy): «Todo menor tiene el derecho a que su interés superior sea valorado y considerado como prioritario». Igualmente se establece que los menores extranjeros que se encuentren en territorio español tienen derecho a la educación, asistencia sanitaria, servicios y prestaciones básicas, en las mismas condiciones que los menores españoles.
Además, frente al bulo difundido por el Gobierno estos días, haciendo ver que no es viable adoptar medidas hasta hacer la identificación de los menores, la citada ley es clara «La entidad pública podrá asumir, en cumplimiento de la obligación de prestar la atención inmediata, la guarda provisional de un menor […] procediendo simultáneamente a practicar las diligencias precisas para identificar al menor, investigar sus circunstancias y constatar, en su caso, la situación real de desamparo».
Por otro lado el Real Decreto-Ley 2/2025, de 18 de marzo, fija un modelo
vinculante y obligatorio para el reparto
de menores cuando un territorio sufre una saturación extrema. Frente a la insubordinación y rebeldía de las comunidades autónomas gobernadas por el PP y Vox, y de la diputación ceutí, el Gobierno titubea y permite el bloqueo, dejando en una situación de absoluto desamparo a estos menores. Se equivoca el Gobierno al creer que haciendo concesiones a los ultras va a obtener algún rédito.
Es obligación del Gobierno garantizar la derivación inmediata al sistema de protección de estos niños, niñas y adolescentes. No puede ser un proceso lento como anuncia la ministra Rego. Todo es cuestión de los recursos que pongas. Si se buscan soluciones cuyo objetivo sea la seguridad de los niños no se tarda tanto.
A raíz de la invasión de Ucrania, España acogió, en un tiempo récord, a miles de niños y niñas, sin que esto generara ningún revuelo político.
Luis Arias
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