La UE apoya la campaña para derrocar el gobierno de Sánchez.
El funcionario portavoz de Interior de la UE, Marcus Lammet, salió en apoyo de la derecha española en la campaña, ya internacional, por debilitar al presidente español y allanar el camino a unas nuevas elecciones de las que ya se ven ganadores.
Pero sus afirmaciones no son del todo correctas. Aunque sin duda se camina hacia ellas, no lo es porque aún no es de aplicación la totalidad del Reglamento de Retorno, reglamento complementario con el Pacto sobre Migración y Asilo, aprobado el pasado 12 de junio. Es decir, lo que afirmaba en cuanto a que la normativa de la UE permite la devolución de «todos» los migrantes que entraron en Ceuta, de momento aún requiere de un procedimiento legal que en absoluto es automático. El mensaje que quería dar y dio es que si no se devolvían a Marruecos, era porque el Gobierno no quería, ya que poder podía, con la normativa europea en la mano.
Este nuevo reglamento, que concede a los Estados miembros un periodo de adaptación, sí que actúa de forma automática en dos aspectos: La construcción o adecuación para abrir centros de deportación en países fuera de la UE, a través de acuerdos con esos terceros Estados; la ampliación del periodo de retención hasta 24 meses y prorrogables hasta 30, pero exceptúa de ello a los menores no acompañados, porque sigue rigiendo el interés general del menor.
Además, iría contra la legislación española. Hay que decirlo con claridad: lo que proponen PP y VOX es que se actúe contra la sentencia de la que ellos mismos sacaron pecho ante los acontecimientos ocurridos también en Ceuta en el 2021.
El Tribunal Supremo ante los acontecimientos de Ceuta en 2021
Efectivamente, no es posible de forma legal una devolución colectiva como se pretende por el PP y Vox. Otros, sin decirlo, lo sugieren al oponerse a que se redistribuyan entre sus comunidades. Pero es que, además, ya existe una posición jurisprudencial al respecto con las devoluciones en agosto del 2021; precisamente las declaró ilegales el propio Tribunal Supremo por no haberse realizado los respectivos procedimientos administrativos de forma individualizada.
De su propia decisión se deduce que la rareza de una situación migratoria puede justificar la toma de medidas administrativas especiales, pero no se pueden ignorar las garantías legales básicas. Y eso que el juez ponente fue Fernando Román García, magistrado conservador y amigo de Carlos Lesmes (ambos ocuparon cargos públicos y políticos en los gobiernos de Rajoy y de Aznar). No pudieron dictar otra sentencia salvo que hubieran retorcido la normativa, como viene haciendo últimamente el Tribunal Supremo en su sistemático acoso al Gobierno de Pedro Sánchez.
En aquel momento, aplicar la ley, dictar esa sentencia, le permitía acosar al Gobierno y desdibujar la imagen de su presidente en Europa, abriendo una brecha en el propio seno del Gobierno acusado desde su inicio de ilegítimo.
El giro a partir de la crisis de 2008
La política migratoria inicia su camino hacia su endurecimiento en la segunda década del siglo. Debemos tener en cuenta que hasta el 2010 no afectaría de forma directa la denominada Crisis de la Deuda Soberana Europea y hasta el 2015 no llegaría a Europa la primera gran crisis migratoria como consecuencia de la situación política (Siria, Afganistán, Iraq, Libia…) que supondría una división interna en una UE desestabilizada por la propia situación en sus propios países y que daría alas a las organizaciones de extrema derecha, ante los planes de ajustes económicos adoptados por Gobiernos socialdemócratas, convirtiendo a los migrantes en los grandes culpables por acopio de sus recursos.
Fundamentalmente, la posición de la socialdemocracia en la crisis económica de 2010 y la migratoria de 2015 borrarían de un plumazo a los partidos socialistas de Francia y de Grecia.
El de Italia ya se habría disuelto, arrastrado por la corrupción en 1994, y el de Alemania se venía arrastrando a los Gobiernos de coalición tras sus amplias derrotas electorales. Desdibujando a una UE que caía en manos directas de la derecha y en la que la política migratoria sería su principal objetivo.
El Pacto sobre Migración y Asilo de la Unión Europea (PEMA)
El mayor control y endurecimiento contra el derecho a migrar llega a su zénit el pasado 12 de junio tras la aprobación del Pacto sobre Migración y Asilo de la Unión Europea, que plantea una serie de reformas legislativas, y en particular su reglamento.
Bajo la pretensión de «homogeneizar» la política migratoria de los países miembros, lo que realmente se realiza es lo manifestado, un endurecimiento de las normativas de migración y de asilo.
Por destacar solo algunos de sus puntos esenciales: Reforzar el control de las fronteras exteriores; mecanismo para acelerar los procedimientos (privatización de ciertos recursos) y la posibilidad de ser procesados los solicitantes de asilo en la misma frontera; pago de una compensación económica del Estado que se niegue a reubicar a los migrantes que le correspondan por cuota de reparto.
Todo ello va claramente en dirección contraria al derecho inalienable a migrar.
Miguel González
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