No al chantaje de Ayuso: retirada del Plan Económico Financiero del rectorado de la UCM.

Plan de choque ya: dotación de todos los fondos necesarios para las universidades públicas

El rectorado de la Universidad Complutense de Madrid acepta el chantaje del gobierno regional madrileño, consistente en negar a las universidades públicas los fondos necesarios para que realicen su función social. En efecto, el rectorado presenta un “Plan económico-financiero 2025-2028” (PEF), que pretende aprobar el próximo 17 de febrero en el Consejo de Gobierno. Un plan cuyo contenido concreto no es “sanear” los 33,186 millones de euros de “desequilibrio presupuestario”, sino recortar esa cantidad provocada por la infrafinanciación de la universidad. Concretamente recortar el gasto de personal en 27,544 millones (el 83% del total) y mediante medidas de “fomento del ahorro y del ingreso público” 5,642 millones (el 17% restante).

¿Qué significa esto? ¿Cómo se pueden recortar 16,243 millones de euros en el profesorado y 11,349 en el personal técnico y de gestión y de administración y servicios (PTGAS)? ¿Acaso hay exceso de profesorado cuando, por ejemplo, ya se están juntando grupos? ¿Acaso hay exceso del personal de conserjería cuando, por ejemplo en nuestra facultad, hay dos pabellones atendidos por una sola persona?

El rectorado reivindica la “política de control del encargo docente de los Departamentos (…) continuar con la revisión del número de grupos y de las asignaturas optativas y la racionalización de la oferta (…) el estudio de los grados y titulaciones para analizar la viabilidad de aquellos que tengan una baja demanda de estudiantes y no se consideren estratégicos o imprescindibles”. También reivindica que “no se están ocupando las plazas vacantes por jubilaciones producidas en departamentos con superávit de efectivos, ni se está estabilizando a aquellos investigadores postdoctorales sin compromiso de estabilización, ni se están concediendo sustituciones si no hay un déficit docente real”.

¿Cómo se mide el “superávit de efectivos”, cuando se reduce la oferta docente, hay masificación y se aumenta la intensidad del trabajo del profesorado, dificultándole severamente la dedicación a la investigación? Siempre hay que llamar a las cosas por su nombre: lo que el rectorado denomina, eufemísticamente, “un ajuste real de las plantillas y una racionalización de los efectivos disponibles” significa, simplemente, una destrucción de empleo con su consiguiente efecto en las condiciones laborales y en la calidad universitaria (que, no obstante, en conjunto sigue siendo muy superior a la de las universidades privadas). Esto se agrava por la abierta contabilización de las jubilaciones como ahorro, bajo su premisa de que no se reemplazara a quienes se jubilen. Es decir, más destrucción de empleo y más deterioro de nuestra actividad.

Respecto al PTGAS, se impone la “suspensión de las indemnizaciones y premios de jubilación” y la “reducción de productividades asignadas”. En ambos casos se trata de partidas salariales. No son una dádiva, sino una remuneración salarial. Su eliminación o reducción es, por tanto, un recorte salarial. A lo que apuesta el rectorado para cumplir con el chantaje del gobierno regional, junto a otras vías de precarización, como: “se prevé que las jubilaciones correspondientes al ejercicio 2026 se produzcan en escalas y grupos salariales medio-altos, mientras que la futura incorporación de efectivos se llevará a cabo en escalas inferiores, de forma que el rejuvenecimiento de la plantilla provocará paralelamente un ahorro”. También pretende el rectorado suspender indefinidamente la carrera horizontal, es decir, la progresión en grado o categoría de un trabajador o trabajadora gracias a su evaluación positiva en desempeño, experiencia, formación y mérito. Es decir, el rectorado reivindica una plantilla más barata, con lo que obviamente no defiende la universidad pública, sino que contribuye a su deterioro.

Es vergonzante la palabrería del rectorado afirmando “la menor contratación y nombramiento de personal temporal deberá conllevar medidas de carácter organizativo basadas en el uso de nuevas tecnologías, uso de la IA y todas aquellas que permitan mantener el óptimo funcionamiento de la Universidad sin tener que recurrir a la contratación temporal”.

Y el rectorado amenaza con incrementar el recorte draconiano del gasto ya impuesto: “se ha realizado a todos los centros gestores una retención de no disponibilidad inicial del 35 % del presupuesto inicial de gastos, con el fin de contener el gasto ordinario. Esta retención de no disponibilidad podría ser incrementada con posterioridad en el caso en que la Universidad no cumpliera con el escenario presupuestario previsto”. Un recorte que el propio rectorado reconoce que ha supuesto:

• “se han suspendido las ayudas a los grupos de investigación del programa propio de investigación UCM”;
• “se está profundizando en la revisión de algunas licencias de bases de datos y revistas, en colaboración con las facultades”;
• “se ha aplicado una minoración del presupuesto a las escuelas de especialización profesional”;
• “se ha reducido el presupuesto dedicado al número de becas de formación práctica y se han suspendido los proyectos de calidad docente INNOVA y DOCENTIA”;
• “se han reducido gastos de la semana de la educación-Aula, de acciones estratégicas, de becas de formación práctica y de las convocatorias de becas de colaboración a departamentos UCM, de becas excelencia máster UCM, de proyectos del observatorio del estudiante y de ayudas a las asociaciones”;
• “se han reducido gastos de ayudas de enseñanzas homologadas y de implantación de másteres, así como del gasto en equipamiento”;
• “se ha reducido el número de cursos ofertados en formación del PDI en las convocatorias de febrero y junio de 2025 y se han reducido gastos en emprendimiento (Compluemprende) y en empleabilidad (OPE)”;
• “se ha reducido el gasto en cuotas de afiliación (…) material oficina y convocatorias de movilidad UCM”;
• “se ha minorado el gasto en exposiciones, museos y colecciones, Editorial Complutense y becas de formación, universidad de mayores y reducido el número de becas deportivas”;
• se han reducido o eliminado también los gastos de numerosos servicios, tal y como el propio rectorado reconoce en las páginas 48 y 49 del PEF;
• también se ha recortado “en la cancelación de suscripciones, reducción en la compra de material fungible de informática, cancelación de adquisición de equipos inventariables y supresión de las licenciasShutterstock y Motion Array”.

Constituye, en fin, un grave sarcasmo del rectorado sostener una supuesta libertad de las facultades y otras instancias para elegir… “cada centro ha podido decidir donde aplicar la reducción de presupuesto y elegir qué acciones priorizar y cuales podía eliminar, reducir su importe o aplazar”… porque es la libertad de elegir cómo inmolarse. Como concretar un recorte del 35% del gasto que el rectorado pretende mantener por tres años: “para los ejercicios 2026, 2027 y 2028 los centros partirán con un presupuesto inicial en gastos un 35% inferior al presupuesto inicial de los ejercicios 2024 y 2025”.

¡Y no sólo eso! Sino que las últimas palabras del PEF constituyen la amenaza de aún mayores recortes: “además, en última instancia, en caso de ser necesario, se podrán aplicar las retenciones presupuestarias necesarias que procedan para reconducir la situación”.

En resumen, el plan del rectorado es plenamente acorde con la política del gobierno regional de desmantelamiento de los servicios públicos, de modo que donde había derechos pase a haber solamente negocio para el capital y beneficencia para la clase trabajadora. De hecho, hay algunas medidas más en el PEF que, sin embargo, se presentan como “que no forman parte del Plan” (sic), entre las cuales esta tan preocupante: para el año 2028 se prevé un ingreso de 330.000 euros en concepto de “optimización patrimonial”, referida a “explotación de edificios que actualmente están infrautilizados o en desuso”. ¿Cómo se pretende obtener recursos de ellos? Con los antecedentes de genuflexión de este rector ante Ayuso, ¿alguien puede dudar de que se está abriendo por ahí una peligrosísima privatización del patrimonio de la Complutense, cuyo corolario sería una descapitalización acorde con la destrucción de lo público a la que se orienta la actividad del gobierno regional?

Concluiremos partiendo de una obviedad: la función social de la universidad pública, único posible garante del derecho democrático a la educación, así como de la investigación orientada a las necesidades de la población, requiere medios. El plan del rectorado de la Complutense no sólo no los reivindica, sino que se concentra en recortarlos de un modo tal que supone una amenaza directa a que la universidad pueda realmente ser considerada como tal. Es un plan que afecta al conjunto de la plantilla y a quienes quisieran incorporarse a ella. Afecta a la calidad del empleo y a la calidad de la docencia y la investigación. Ciertamente la universidad pública es, hoy y aquí, con carácter general abismalmente mejor que la privada. De aplicarse la orientación en la que se inscribe el plan del rectorado, se retrocedería históricamente hasta el punto en el que la propia noción de universidad digna de este nombre quedaría en cuestión.

El Plan Económico Financiero 2025-2028 del rectorado es un plan de destrucción de la universidad público acorde a la destrucción de los servicios públicos en la que se afana el gobierno regional. Estudiantes y trabajadoras/es, con sus asociaciones y sus sindicatos, no sólo de la universidad, deben movilizarse hasta la retirada de este plan y todas las políticas y normas en las que se inserta, reivindicando la dotación urgente de los medios necesarios para que la universidad pueda cumplir satisfactoriamente su función social.