Por el derecho a migrar: ¡basta de negocio político y económico con el racismo!

Publicado el 11 de enero de 2026 por Corresponsal

El caso más despiadado es el estadounidense, donde el personal del siniestro Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) ha crecido este año un 120% tras incorporar 12.000 agentes, más que los 10.000 ya existentes. Se estima que, para ello, su presupuesto se ha elevado hasta 75.000 millones de dólares (superior al gasto militar de todos los países del mundo excepto China, Rusia, Alemania, India, Reino Unido, Arabia Saudí y EE. UU.;

Frente el derecho inalienable de todo trabajador a buscar su medio de vida en cualquier lugar, es conocida la criminal demagogia contra los migrantes, desplegada no solo por dirigentes políticos fascistoides como Trump, o Meloni y Mitsotakis en la UE, sino también por quienes, desde distintas adscripciones ideológicas declaradas, aplican racistas políticas represivas contra ellos. Políticas al servicio de las exigencias del capital que, en función de sus necesidades, quiere que lleguen más o menos migrantes pero siempre en las condiciones de mayor vulnerabilidad posible, para su utilización como mano de obra barata, que presione además a la baja el valor de la fuerza de trabajo del conjunto de la clase obrera. Con esta demagogia se busca el «negocio» político de dividir a la clase trabajadora, en este caso entre nativa y migrante, tratando de desviar su foco de atención de que los problemas, de toda ella, obedecen al capitalismo y sus políticas.

Pero la lógica del capital, que incluye su conchabeo con los gobiernos a su disposición, extiende el negocio también al terreno económico. Y no se trata, sobre todo, de los pequeños capitales, sino del gran capital, a cuyo servicio se extienden cuantiosos presupuestos públicos. El caso más despiadado es el estadounidense, donde el personal del siniestro Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) ha crecido este año un 120% tras incorporar 12.000 agentes, más que los 10.000 ya existentes. Se estima que, para ello, su presupuesto se ha elevado hasta 75.000 millones de dólares (superior al gasto militar de todos los países del mundo excepto China, Rusia, Alemania, India, Reino Unido, Arabia Saudí y EE. UU.; superior por tanto al gasto militar actual de Francia o de Ucrania¹). Una auténtica declaración de guerra a la clase trabajadora.

De este presupuesto un gran bocado se lo llevan las dos primeras empresas de prisiones privadas: «CoreCivic informó de un total de 538,2 millones de dólares de ingresos durante el segundo trimestre, casi un 10% más que en el mismo período de 2024. GEO Group, el principal contratista del ICE, notificó ingresos para el segundo trimestre de 636,2 millones de dólares, un aumento del 5% respecto al mismo período del año pasado»². Asimismo, la administración Trump acordó pagar 4,76 millones de dólares a la dictadura de Bukele en El Salvador a cambio de entregarle más de 200 migrantes, cuyas condiciones de prisión serían tan terribles como las de las decenas de miles de presos en el país por su condición de pobres³.

El caso español no es distinto. Entre 2014 y 2019, el Gobierno estatal adjudicó 1.677 contratos ligados al control migratorio⁴. Clece, filial de ACS, presidida por Florentino Pérez, hace negocio con los llamados «perímetros fronterizos» y la detención y expulsión de migrantes: más de 5,5 millones de euros por los servicios de alimentación, limpieza y vigilancia interna de los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla⁵.

O El Corte Inglés, que copa contratos como los de «suministro e instalación de los elementos físicos y lógicos» de pasos fronterizos en aeropuertos y puertos, con contratos para cada uno de ellos que va entre 435.000 y 1,2 millones de euros. También se alía con Indra, con quien obtuvo el mayor contrato: 22,3 millones de euros por el mantenimiento del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior, modernísimos radares que, sin embargo, no se utilizan para salvar vidas (tan sólo en 2024 se reconocen oficialmente 2.452 personas muertas -asesinadas- en el Mediterráneo⁶). Contratos que no pasan por concurso público. El Corte Inglés también se lucra con la venta de ropa para el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Melilla y de uniformes para los miembros de los cuerpos represivos desplegados en el Mediterráneo y Mali. Incluso con la expedición de visados, por los que Dirección General de la Policía le paga entre 75.000 y 150.000 euros⁷.

O Air Europa, empresa rescatada por el Estado en 2020, que tuvo al menos dos contratos públicos para los vuelos de repatriación de inmigrantes. En 2015 y 2016 con Swiftair por 11,9 millones de euros y dos años más después integrando a Aeronova también, por otros 10,9 millones⁸. Estos vuelos son conocidos como «vuelos de la vergüenza» por las condiciones en las que se llevan a cabo y por su propio significado⁹.

El Estado español y la UE son cómplices de la violación de derechos a los migrantes en Mauritania, para lo que financian la construcción allí de dos prisiones para migrantes¹⁰. Y aquí se mantienen los CIE, Centros de Internamiento de Extranjeros, que son de hecho prisiones en las que se encierra a trabajadores migrantes, sin juzgar, por su situación administrativa. La mera existencia de estas prisiones supone, por tanto, una vulneración de los derechos democráticos más elementales. Pero a ello se añaden, además, las condiciones ultraprecarias que se padecen, junto a constantes agresiones a los internos, denunciadas por organizaciones como SOS Racismo o Amnistía Internacional: «condiciones de hacinamiento y suciedad […] así como las pobres condiciones higiénicas y sanitarias existentes […] no nos dan medicinas, el médico viene cuatro horas al día, pero hay días que no viene. No nos mira, solo nos hace algunas preguntas […] muchos niños tienen piojos, sufren enfermedades de la piel, dermatitis, picores […] no ofrecen ni lo más básico, que son las mantas»¹¹.

Como explicaron Marx y Engels ya en 1848, en el Manifiesto del Partido Comunista, el contenido de la lucha de clases es internacional. No hay intereses distintos entre los distintos componentes de la clase trabajadora. No debe haber reivindicaciones de los trabajadores migrantes, sino que sus reivindicaciones, legítimas, deben serlo del conjunto de la clase. Integrando, como en todos los casos, las más inmediatas (regularización urgente de la situación administrativa de todos los trabajadores migrantes y derogación de la racista Ley de Extranjería) con las de fondo (eliminación de todos los obstáculos a las migraciones de trabajadores). Reivindicaciones que solo podrán lograrse mediante la organización unitaria, internacionalista, de quienes vivimos de nuestro trabajo frente a quienes nos lo parasitan.