Torrejón: un hospital estafa
La Consejería de Sanidad de Madrid envió un equipo a Torrejón para verificar in situ la adecuada prestación del servicio. No tardó más que 24 horas en adelantar las conclusiones. No hay “ningún incumplimiento de las obligaciones de la empresa que gestiona ese centro hospitalario”. “Nunca se ha recibido queja”, “los datos de listas de espera son inmejorables”, “nunca hubo sospechas de malas prácticas”. Ha aumentado la plantilla.
Muchos lectores tienen noticia de los sucesos en el hospital de Torrejón . Sin embargo, los resumiremos para sacar las lecciones, que afectan a toda la sanidad pública de gestión privada; sustentada legalmente en los artículos 66, 67 y 90 de la Ley 14/86 y en la Ley 15/97.
En octubre, Almudena Quintana, directora general asistencial del Servicio Madrileño de Salud, respondía a Más Madrid que el hospital de Torrejón “cuenta con un funcionamiento asistencial sólido, resultados contrastados y con una clara orientación a la mejora continua”.
En efecto, el 25 de septiembre el consejero delegado del grupo de hospitales Ribera, Pablo Gallart, reunió a 20 responsables del grupo y del Hospital para ordenarles esta clara orientación:
“En Torrejón en el año 22 y 23 decidimos hacer un esfuerzo para bajar la lista de espera. Lo único que pido es: desandemos el camino”. Para sacar cuatro o cinco millones de beneficio, hay que crear una lista de espera quirúrgica, dejar de hacer intervenciones que no sean rentables, reduciendo el personal y los medios, rechazar pacientes no rentables como habían empezado a hacer en mayo. Los responsables del hospital han de tener imaginación para generar beneficio económico.”
La “imaginación le llevó a dar la instrucción de reutilizar productos sanitarios de un solo uso. Por ejemplo unos catéteres de electrofisiología que cuestan 2000 € cada uno. Este material sólo puede reutilizarse tras enviarlos a una fábrica de Alemania, para su reciclaje. No hay problema, el hospital de Torrejón los esteriliza después de su uso hasta un máximo de diez veces. “Hay que identificar qué procesos no ayudan al beneficio.”
Disensiones en el aparato directivo
Cuatro directivos han sido despedidos por ofrecer resistencia a los planes de Gallart:El gerente del hospital, el director médico del grupo, la directora de enfermería y el director de calidad y experiencia del paciente. Pensaban que un mínimo de asistencia debía ser compatible con los beneficios de Ribera Salud. Ribera tiene problemas en Torrejón porque a cambio de la gestión del hospital aceptó financiar durante años una deuda. El gobierno de Ayuso ha dedicado 120 millones en cinco años a ayudar a Ribera Salud a sufragar esa deuda. El plan de Gallart era que los pacientes pagasen esa deuda, suprimiendo asistencia al paciente. La resistencia se expresó en la web interna, dirigiéndose a la dirección de Ribera y a la matriz francesa del grupo, y la dirección les despidió de inmediato, porque había nombrado a Gallart para cumplir la decisión de Ribera Salud de sacar millones de los hospitales de Torrejón, Murcia y Vigo, que quiere vender en 2026.
Los directivos disidentes expresaban preocupación “por la vulneración de los derechos de los pacientes” y la “mala praxis asistencial”. En concreto, Gallart exigía dar prioridad a los pacientes de otras áreas sobre los de Torrejón porque eso lo paga la Comunidad. Exigía que se atendiese a pacientes pero no se les pasase a Cirugía. Suspender la diálisis peritoneal a los de otras áreas, remitiéndoles a otros centros, lo que infringe las normas de la Comunidad. Intervenir quirúrgicamente a los de fuera por encima de los de Torrejón, parar cobrar de la Comunidad de Madrid.
Los directivos despedidos solicitaban que se examinase si el plan Gallart incumplía los compromisos de Ribera con la Comunidad de Madrid para que les cediese el hospital.
Al cabo de casi un mes, cuando los cuatro directivos habían sido despedidos, la dirección de Ribera contestó: “no hay evidencia de incumplimiento del contrato concesional”. No han aparecido “infracciones penales o administrativas graves o muy graves”. Archivaban la reclamación.
Intransigentes, pero no tocar nada
La Consejería de Sanidad de Madrid envió un equipo a Torrejón para verificar in situ la adecuada prestación del servicio. No tardó más que 24 horas en adelantar las conclusiones. No hay “ningún incumplimiento de las obligaciones de la empresa que gestiona ese centro hospitalario”. “Nunca se ha recibido queja”, “los datos de listas de espera son inmejorables”, “nunca hubo sospechas de malas prácticas”. Ha aumentado la plantilla.
De manera que en dos meses las órdenes del consejero delegado, los acuerdos de numerosas reuniones, milagrosamente no habían tenido efecto.
Todos necesitan defenderse. Defender Torrejón, los puestos de trabajo.
Eso sí, todos se distanciaron de Gallart. La Consejería de Sanidad aseguraba que “En ningún caso se va a tolerar ningún tipo de actuación o práctica que pueda perjudicar el acceso a la asistencia sanitaria, que será prestada siempre con la mayor calidad y en igualdad de condiciones en todos los hospitales del Servicio Madrileño de Salud”.
Finalmente habló Díaz Ayuso: “Cualquier mala práctica será erradicada con contundencia, con la información necesaria en la mano, sin contemplaciones, pero con responsabilidad”.
Todas las críticas a Ayuso por fomentar el negocio de la sanidad quedaron puestas al descubierto con lo sucedido en Torrejón. Con disimulo y con la complicidad del Gobierno autonómico, las empresas buscan beneficio a costa de la atención al paciente.
Y el Gobierno
Pedro Sánchez declaró que lo de Torrejón es la política del PP. Pero el PP hace esta política utilizando leyes estatales que el Gobierno no ha tocado, a pesar de las cartas enviadas al Ministerio de Sanidad por muchos colectivos de los movimientos sociales, incluso reuniones presenciales con la Ministra Mónica García, exigiendo la derogación de las leyes que facilitan y consienten la privatización de la Sanidad Pública.
La Ministra de Sanidad confía en que Ayuso va a investigar a fondo lo sucedido. Todo el mundo sabe que las comisiones de investigación de Ayuso protegerán la política de gestión privada. Por eso una comisión de defensores de la sanidad el año pasado fue a exigir a la ministra la derogación de la ley 15/97, de privatización de la sanidad, de gestión privada de la sanidad pública. La única respuesta a lo de Torrejón sería derogar esa ley, lo demás es charloteo.
Roberto Tornamira, miembro de una delegació
pidiendo a la Ministra la derogación de la ley 15/97
¡Última hora!
Una vez escrito este artículo, conocemos que la Ministra prepara una nueva ley y derogaría la 15/97. Está bien derogar, pero hay que velar porque la nueva ley no permita otras formas de hacer beneficio a costa del paciente.
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