7.291 muertos y Ayuso impune

Fueron 74.839 los muertos por COVID en 2020, según el INE. De esa cifra, 19.357 se produjeron en la Comunidad de Madrid, el 26% de las muertes de todo el Estado; siendo los habitantes en Madrid el 14% de la población. Tras las cifras que componen las estadísticas están las víctimas y sus familias.
En estos meses se han cumplido 4 años del inicio de la pandemia y el consiguiente confinamiento general. Todas las muertes fueron dolorosas, tremendas. Pero hay 7.291 víctimas por COVID en Madrid que, además de morir por el virus, sus familias sufren el escarnio del Gobierno de Díaz Ayuso, “iban a morir de todos modos”, les ha dicho sin ningún pudor.

De las 19.357 muertes de esta Comunidad, 9.468 fueron ancianos y ancianas que vivían en residencias de Madrid, casi el 50% del total de fallecidos. Pero al 77% de los residentes se les negó la asistencia médica hospitalaria ¿por qué? Porque así lo decidió el Gobierno del PP en Madrid al dictar los conocidos “protocolos de la vergüenza”, por los que daba orden a la dirección de los centros de impedir el traslado de los residentes afectados a los hospitales.

Por qué a los otros 2.177 no se les negó la posibilidad de ser atendidos en un centro hospitalario: porque, en su gran mayoría, tenían suscrita una póliza de salud privada.

Lo anterior, en sí mismo, es un hecho intolerable. Es una discriminación de clase social. Un hecho que, por lo visto, a la mayoría de sus señorías, los jueces y fiscales de la Comunidad de Madrid no les parece suficiente para abrir causa contra los responsables de aquella decisión. Los juzgados están archivando las querellas de las familias y sus asociaciones, sin investigar, sin una sola citación a declarar, sin una sola diligencia previa.

El Gobierno de Ayuso se niega ha hacer públicas las actas que levantó la Policía Municipal. Documentos estos que son un fiel reflejo de la irresponsabilidad y la negligencia criminal de este gobierno reaccionario, que solo está a disposición de las necesidades del capital.

En casos de corrupción, en posicionamientos políticos (“lawfare”) y en casos tan graves como los incendios: el restaurante de la plaza de Manuel Becerra de Madrid, en abril de 2023, en el que murieron dos personas, o el de las discotecas “La Fonda Milagroa” y “Teatre”, en octubre, en Murcia, con trece muertos, o en el incendio de la residencia Juan XXIII de Aravaca, el pasado mes de febrero, con tres muertos, se aplica la ley del embudo, dejando impunes a los responsables políticos de la derecha.
Es gravísimo que los responsables políticos hagan la vista gorda, en beneficio de las empresas, y es evidente que la hacen, cuando en todos estos casos se demostraron fallos en las inspecciones: licencias indebidas, dejación en las inspecciones, puertas de emergencias bloqueadas, etc. Es la “libertad” de hacer negocio, aunque cueste vidas humanas.

Los 7.291 muertos en las residencias es un caso flagrante de impunidad. En este caso no fue dejación, que también pues a las residencias de mayores se les aplica la misma lasitud inspectora, fue una decisión política que vulneró el derecho a la vida de los residentes, en tanto que desprotegieron su salud. Los poderes públicos obviaron su obligación de tutela de la salud pública.
Si este caso queda impune y no se juzga a la responsable máxima y los miembros de su Gobierno, habrá que juzgar a los jueces que ejercen un poder judicial de parte.

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